El Gobierno de López Obrador determinó el control de precios del gas LP para impedir un alza de precios que en algunos casos había alcanzado hasta 50% sólo en 2021. De inmediato se vieron los efectos en la inflación, que bajó considerablemente en el componente de energéticos, pero la maldita y cambiante realidad —el precio del gas en los mercados internacionales, los costos logísticos y de importación, la escasez del producto— los difuminó en muy poco tiempo.
En el mercado de las gasolinas ocurre un fenómeno parecido, pero las señales son menos evidentes que en el sector del gas LP, sobre todo porque en el mercado de gasolinas hay muchísimos más participantes que en la distribución y venta del gas LP (licuado de petróleo, el de mayor uso en los hogares de México). El mercado del gas LP está dominado principalmente por cinco familias.
Es más fácil ubicar a cinco zares y sospechar de colusión entre ellos que pensar en una confabulación global en un negocio con miles de actores, pasando por Pemex, los comercializadores y distribuidores asociados, los importadores y los gasolineros. Pero que la conspiración parezca más remota no significa que en el sector existan las mejores condiciones de competencia en beneficio de los consumidores finales.
Sabemos que el Gobierno de López Obrador quiere intervenir en el mercado de los hidrocarburos a como dé lugar. Lo ha intentado con decretos y normas administrativas, con reformas a las leyes que moldean el sector y con la fuerza de las oficinas de control e inspección sobre los participantes privados: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de defensa de los consumidores; Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de protección al medio ambiente; Comisión Reguladora de Energía (CRE), de regulación de precios en materia de energía, todos con el músculo de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco federal y militarizado.
El Gobierno tiene todo el derecho y la legitimidad de las urnas para construir su proyecto social, político y económico. Si considera que la mejor decisión de política pública para México es regresar a un modelo de empresa única en el sector de los petrolíferos —distribución y venta gasolinas incluidas, por supuesto—, el Gobierno puede encaminarse en esa ruta siempre y cuando respete las leyes y a los gobernados o produzca nuevos marcos jurídicos en sintonía con la Constitución y el derecho convencional, que significa respetar los acuerdos y tratados firmados por México con Estados extranjeros.
El estado de las cosas en la distribución y venta de gasolinas se asemeja cada vez más al del sector del gas LP. Para los comercializadores de gasolinas, tanto distribuidores mayoristas asociados o no a Pemex, y para los gasolineros, la situación internacional del mercado ha resultado bastante beneficiosa. Hay márgenes de ganancia que alcanzan hasta 19% si atendemos los informes semanales de Profeco (Quién es Quién en los Precios de las Gasolinas).
La lógica de la competencia indica que los precios de las gasolinas pueden subir o bajar dependiendo del precio del petróleo crudo y los costos para su refinación (el proceso industrial para producir gasolinas), de los costos logísticos (la distribución del energético), los impuestos y el margen comercial en la estación de servicio (el precio de venta en la gasolinera). Pero en México los precios se han mantenido siempre en la parte máxima de la ecuación.
No importa si el revendedor mayorista le compra las gasolinas a Pemex a precios con descuento, él transferirá apenas una parte de esa reducción de precio a los gasolineros y éstos, prácticamente nunca, los ofrecerán a los consumidores finales. ¿O cuándo han visto una reducción significativa de los precios de las gasolinas desde que entró en vigor la reforma energética de Peña Nieto?
Todo esto construye la alineación de planetas que justifique el control de precios de las gasolinas, como ya ocurrió con el gas LP. Un amigo abogado está convencido de que esto ocurrirá tarde o temprano, tan tarde como antes de que termine 2021. ¿Ustedes qué opinan?
Este artículo se publicó originalmente en El Economista el 10 de octubre de 2021.
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