Secretaría de la Función Pública: tras la filtración de datos personales, debería poner el ejemplo. Pero no. Ilustración original de Nayelly Tenorio

La historia de la filtración de datos personales que provocó la Secretaría de la Función Pública en 2020 es una cadena de oportunidades perdidas. La Secretaría tuvo todo para poner el ejemplo de su compromiso con la protección de datos personales y en su lugar ha optado por la soberbia, el menosprecio y la opacidad en un caso que afectó a 830,000 personas servidoras públicas.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) envió esta semana un correo a los afectados para notificarles sobre la totalidad de los datos personales que fueron expuestos entre mayo y junio de 2020. La notificación llegó más de un año después de la filtración que dejó disponibles en internet sin controles de acceso información de las declaraciones patrimoniales de 830,000 servidores públicos. La Secretaría incumplió con el principio de licitud al no informar a tiempo a los afectados sobre la totalidad de los datos expuestos para que estos tomaran las medidas de protección respectivas para proteger su patrimonio moral y económico.

En su momento, la Secretaría informó a las personas afectadas que “los únicos datos que pudieron haberse visto comprometidos por el incidente” fueron CURP, RFC y sexo y les aseguró que “en ningún momento” se vio vulnerada su información patrimonial.

Ya sabíamos que la Secretaría mentía, que la información filtrada era mucho mayor a la reconocida. Lo que desconocíamos era el nivel de deslealtad al que podía llegar la Secretaría que hoy dirige Roberto Sandoval Aquino para dejar en la indefensión a los titulares de los datos filtrados.

“En continuidad a la notificación realizada el mes de julio de 2020, y en cumplimiento a la resolución del Inai (Inai.3S.07.01.005/2020), le informamos que además de los datos personales que previamente le comunicamos, también fueron comprometidos los siguientes datos (los cuales son públicos por norma)”, señala el correo enviado esta semana. Datos que deben ser públicos, pero no de la manera como Función Pública los hizo públicos. ¿Y cuáles fueron esos datos? Fueron el nombre completo, la información sobre los ingresos de los trabajadores, como remuneraciones, cuentas bancarias, ingresos por otras actividades económicas y financieras, venta de bienes, propiedades y valor de dichas propiedades, vehículos, inversiones, deudas y créditos de los funcionarios públicos.

La Secretaría insiste en su correo del 18 de agosto de 2021 en que la información filtrada, con excepción de CURP, RFC y sexo, es de acceso público, algo que es cierto pero con matices: el acceso público a esos datos debe ser controlado, a través de sistemas diseñados exclusivamente para eso, que den certeza jurídica a los titulares de los datos y cumplan con las finalidades para las que fueron recabados, y no la posibilidad de descargar la información de manera masiva que permita la copia de los datos y un uso indebido de ellos, como ocurrió con este incidente que la Secretaría llamó de manera eufemística “forma alternativa de acceso a datos”.

“Casi me hacen sentir que fue mi culpa”, me dijo una persona servidora pública hace unos días. “De verdad, casi me dicen: ‘Filtrados tus datos, pero te chingas porque al fin y al cabo son públicos y no nos pueden hacer nada’. O sea, nunca leí algo que me diera a entender que de verdad les preocupa la situación”.

La Secretaría de la Función Pública es la responsable de vigilar que las personas servidoras públicas se conduzcan con integridad, honestidad y bajo el imperio de la ley. Dirige las unidades de control de cada secretaría y dependencia del Gobierno federal y es la encargada de recabar las declaraciones patrimoniales de todos los empleados públicos. Digamos, pues, que Función Pública debería ser casi celestial, virginal, impoluta, ejemplar. Pero no lo es.

Función Pública es la primera en poner en riesgo el patrimonio de las personas servidoras públicas y la última en cumplir las órdenes sancionatorias del Inai, la oficina de protección de datos personales en México. Si así actúa Función Pública, ¿qué debemos esperar del resto de las oficinas que dependen de la Presidencia de México? 

Este artículo originalmente se publicó el 22 de agosto de 2021 en El Economista.

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