Todos los usuarios de iPhone son pedófilos… hasta que Apple demuestre lo contrario. Ilustración original de Nayelly Tenorio

Apple quiere atrapar pedófilos considerando que todos sus consumidores son pedófilos. Sencillo: para encontrar una aguja en un pajar hay que quemar el pajar. Esta fórmula para el diseño de soluciones es la misma que utilizan los gobiernos torpes y los autoritarios: para actuar contra la extorsión telefónica, desconfiemos de todos los usuarios de teléfonos y exijamos —por ejemplo— datos biométricos de todos para tenerlos identificados y al alcance de la mano. También es la fórmula que utilizan los tecnosolucionistas, seguros de que la tecnología puede solucionar cualquier problema humano, aunque en el camino haya que quemar el pajar.

Apple, la compañía que prometió poner la privacidad de sus usuarios por encima de cualquier cosa, ha torcido sus ideales y anunció que vigilará el contenido fotográfico de los teléfonos iPhone en busca de imágenes de abuso infantil. El fin perseguido por Apple es totalmente laudable —¿quién puede defender el maltrato de niños o la pornografía infantil?—, pero los medios para conseguir ese fin producen riesgos de consecuencias irremediables para las libertades, los derechos civiles, la vida privada, la protección de datos personales. La privacidad únicamente como eslogan publicitario.

El escaneo de imágenes comenzará a finales de año en Estados Unidos y sólo cuando el usuario utilice el sistema de almacenamiento de fotos en la nube iCloud. La vigilancia, en cualquier caso, ocurrirá en el teléfono y no sólo en la nube, ante la posibilidad de que el usuario almacene fotos ilegales contenidas en una base de datos creada por un tercero: la organización privada National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). ¿Cuánto tardará para que esta tecnología se utilice en otros países y por motivos distintos para los fue diseñada? 

Una política con fines legítimos no debe reducir la seguridad de una comunidad ni generar riesgos desproporcionados. Lo que Apple ha anunciado —sin anunciar siquiera una auditoría externa de su nuevo software para detectar vulnerabilidades o la generación de falsos positivos (un error de cualquier magnitud)— será un incentivo para que otros fabricantes de tecnología produzcan herramientas similares y para que los gobiernos encuentren la manera de acceder a esas funcionalidades con fines legítimos o ilegítimos y de control social y político.

A ver, hasta en Las Vegas se hacen auditorías de software a las maquinitas de apuestas (slot machines) antes de que los consumidores puedan utilizarlas en los casinos. Esto, en cambio, no ocurre ni por accidente con el software que desarrollan Apple y Facebook y Microsoft, defendido por las leyes de propiedad intelectual (y de paso por los regímenes fiscales), y tampoco se revisa el uso de algoritmos e inteligencia artificial en decisiones que afectan derechos humanos.

Si hoy Apple tiene el poder para hurgar en los archivos fotográficos de los teléfonos iPhone, mañana escuchará nuestras conversaciones, leerá nuestros mensajes y revisará nuestro historial de navegación digital para denunciarnos en caso de sospecha. Hoy lo hace con un fin legítimo y por iniciativa propia; mañana puede hacerlo por obligación de un gobierno, como ya lo hace en China. De hecho, Apple ya realiza distintas intervenciones de comunicaciones privadas consentidas por los usuarios a través de su tecnología de comandos de voz Siri, una inteligencia artificial de oído muy aguzado. 

Por cierto, ¿recuerdan que el año pasado Google admitió que algunos de sus empleados escuchaban conversaciones de los consumidores recabadas por Google Assistant, un servicio como Siri para teléfonos y otros aparatos con Android? 

No deben sorprendernos las capacidades de vigilancia y de control de contenidos de las compañías tecnológicas. Hay investigadores y pensadores que consideran que esas capacidades son esenciales para sus modelos de negocio, en algo que ha dado en llamarse capitalismo de la vigilancia. Y de la vigilancia corporativa a la colaboración de las corporaciones con los gobiernos hay una frontera bastante porosa

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