Ricardo Mejía Berdeja y el padrón de datos biométricos: Como digo una cosa, digo otra

Nunca nadie ha dicho que la congruencia sea la cualidad principal de un político profesional. Y menos en un país como México, de memoria corta e ideales frágiles. Lo que antes un político podía considerar como bueno, hoy hasta el diablo le tiene miedo; lo que antes era demoniaco, hoy garantiza el desarrollo democrático. Citando al clásico: como digo una cosa, digo otra.

Con el Gobierno de López Obrador, caracterizado por el ejercicio del maniqueísmo (la vida a través de opuestos: buenos o malos, pobres o ricos), y en coincidencia con el archivo histórico construido por medios digitales, los ejemplos de acrobacias para defender lo indefendible están al alcance de un clic.

A propósito de la reforma que obliga a crear un aberrante padrón con datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil en México, quiero recuperar un caso de un acróbata temerario: Ricardo Mejía Berdeja, hoy subsecretario de Seguridad Pública; antes, diputado por Movimiento Ciudadano e involucrado en una filtración del padrón electoral por la que recibió una multa de 20,000 pesos como presunto responsable.

Esto dijo desde la tribuna de la Cámara de Diputados durante los debates sobre la reforma de Enrique Peña Nieto a la ley de telecomunicaciones en 2014, que ordenó la creación de una base de datos para intervenir comunicaciones privadas y conocer la localización geográfica de todas las líneas móviles en México:

“Este título, el relativo a la colaboración con la justicia, sin duda es una disposición, es un conjunto de disposiciones que vienen a prefigurar un Estado policiaco en nuestro país, un Estado interventor de la vida privada de los ciudadanos, un Estado que va a ser como el Big Brother que narra el libro 1984 de George Orwell. Esta disposición es la más regresiva y la más atentatoria contra los ciudadanos. Solamente desde la postración se puede apoyar que, sin ninguna autorización de carácter judicial, se pueda autorizar que se viole la privacidad de los particular. Se puede autorizar que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios, estén obligados a que cualquier autoridad les pueda decir que sigan a tal o cual ciudadano o que entreguen la información y sus datos… esto es inadmisible en un régimen democrático y en un estado de derecho”.

Esto dijo Mejía Berdeja el 21 de abril pasado, desde la tribuna mañanera del presidente, sobre la reforma de López Obrador a la ley de telecomunicaciones que ordena la creación del padrón biométrico (como huella dactilar, iris de los ojos, forma de la cara) de todos los usuarios y titulares de líneas móviles de México:

“El principal objetivo de este padrón es la seguridad; lo que mueve a la creación de este padrón es la seguridad, porque es importante señalar que, en el anonimato de los sistemas de prepago, que no piden requisitos, los delincuentes se cobijan para cometer delitos de secuestro, extorsión, trata y en general para todo el conjunto de sus actividades delictivas. (…) ¿Por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad”.

En descargo de este acróbata, el fenómeno no es exclusivo de la religión Morena. Miren a estos dos opositores oportunistas del padrón:

1. La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN). Hace un año propuso una ley muy similar, para identificar a usuarios de telefonía móvil, pero sin biométricos. Hoy defiende con convicción los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
2. El senador Miguel Ángel Mancera (PRD). Durante su Gobierno al frente de la Ciudad de México se creó una red de espionaje que utilizó datos de comunicaciones privadas y geolocalización para vigilar activistas y adversarios políticos. Hoy considera que acceder a ese tipo de datos “no debe ser automático, sino a través de una solicitud de información sensible”.

Citando a otro clásico: si no te gustan sus principios, ellos tienen otros.

Más allá de anécdotas, el Inai debe combatir esta reforma inconstitucional.

Este artículo se publicó en El Economista el 25 de abril de 2021.

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