Río Santiago, el lugar donde el dinero es más importante que la salud y el medio ambiente

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para proteger a los vecinos del contaminado río Santiago, en Jalisco. Pero nada cambió. “Seguimos respirando lo mismo, se sigue afectando el ambiente de la misma forma”, denuncian activistas. La debilidad institucional, la austeridad presupuestal y la descoordinación entre gobiernos juegan un papel importante en esta catástrofe ambiental y humana.

Primero comenzaron a morir los peces. Luego empezaron a escasear los árboles frutales: mangos, guayabas, limones, plátanos… Después llegó el turno de las personas. Los vecinos del río Santiago, en Jalisco, comenzaron a morir de cáncer, a enfermar de los riñones, a padecer problemas en la piel, a sufrir enfermedades respiratorias. Niños y mujeres embarazadas se encuentran entre las principales víctimas de esta catástrofe ambiental y humana en el corazón industrial de Jalisco.

La contaminación del río Santiago y sus consecuencias en la vida de las personas y la calidad del medio ambiente son noticia vieja. También son viejas las denuncias por afectaciones graves a la salud de los vecinos del río. Y precisamente por lo viejo del asunto es que la indignación se encuentra tan viva, porque ni el Gobierno federal ni el Gobierno estatal ni los ayuntamientos han logrado parar esta crisis que sólo tiende a empeorar.

La cascada del Salto de Juanacatlán, en el cauce del río Santiago, es el símbolo más gráfico de una devastación que nace en la comisura oriental del lago de Chapala y realiza un recorrido de cientos de kilómetros de podredumbre hasta desembocar en el Pacífico, a la altura de Nayarit.

De las cataratas que se aprecian en un video promocional de Guadalajara y sus alrededores creado por The Tourist Department of The Mexican Government, con una caída de 18 metros de altura y 100 metros de largo a la que se acercaban los recién casados para refrendar su compromiso, hoy vemos —y sentimos y nos revuelve las entrañas— un violento fluir de agua turbia e insalubre, una espesa capa de espuma blanca infecciosa y lacerante. Una espuma que el viento y la intensidad de la cascada sacuden y ponen a volar por los alrededores. Vaya espectáculo.

El video turístico fue creado en los años sesenta, cuando todavía se apodaban a estas cascadas como el “Niagara mexicano”. Faltaban pocos años para comprobar la destrucción del caudal y sus afectaciones en la vida, la salud y la integridad de las comunidades próximas al cauce, también llamado río Grande de Santiago.

Hoy los vecinos viven expuestos a la contaminación del río Santiago por metales pesados y compuestos sintéticos de alta volatilidad: arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo, benceno, tolueno, ftalato, xileno. La lista es larga. La regla ambiental —que establece el máximo permisible de contaminantes que pueden desecharse como aguas residuales— contempla el control de sólo 20 elementos; en las descargas al Santiago se han encontrado más de 1,000 sustancias contaminantes.

“El cadmio afecta a los riñones, los sistemas óseo y respiratorio, y está clasificado como carcinógeno, y el mercurio es una sustancia tóxica para la salud humana, particularmente para el desarrollo del embarazo y los primeros años de vida de los niños y niñas”, citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una resolución en la que exigió al Estado mexicano aplicar medidas urgentes para proteger la vida, la integridad y la salud de los vecinos del río Santiago.

Una exposición sustancial a los pesticidas puede afectar “los desarrollos cognitivos” de niñas y niños, advirtió la CIDH, un organismo multilateral que depende de la Organización de los Estados Americanos y cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.

Los programas públicos se concentran mucho en la remediación (plantas de tratamiento de aguas contaminadas y puntos de monitoreo, principalmente), muy poco en la prevención de la contaminación y menos en la atención sanitaria de los afectados. De los 2,000 millones de pesos asignados por el Gobierno de Jalisco para atender la problemática alrededor del río Santiago, 80% fueron destinados a equipamiento y servicios (más plantas de tratamiento, más infraestructura para vigilar la contaminación) y sólo 4% a la salud de los pobladores afectados, denunció la organización Un Salto de Vida, una de las asociaciones de vecinos con más experiencia en la defensa del río Santiago.

Desde que se inició la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez (6 de diciembre de 2018) hasta noviembre de 2020, el Gobierno de Jalisco realizó acciones de atención médica en beneficio de 72,672 personas, 1.8% del total de la población objetivo como parte de un programa público llamado Revivamos el Río Santiago. A ese paso, Alfaro necesitará 110 años para atender al 100% de la población calculada en la llamada “área de intervención prioritaria”, que abarca 4,200 kilómetros cuadrados de 18 municipios colindantes al Santiago y que suma a una población de 4 millones de personas, según datos proporcionados por el Gobierno estatal.

Este 5 de febrero se cumplió un año de la resolución de la CIDH. Nada ha cambiado desde entonces. “Seguimos respirando lo mismo, se sigue afectando el ambiente de la misma forma”, responden Sofía Enciso y Alan Carmona, de la organización Un Salto de Vida, desde su casa en el municipio El Salto, próxima a las cataratas de Juanacatlán.

“El Gobierno del estado tiene un proyecto de supuesta remediación, pero tampoco se ha visto ese cambio. Ellos mismos reconocían que no iba a ser un cambio que se pudiera visualizar pronto”, dijo Carmona. El proyecto del Gobierno de Jalisco “no es integral y ni es de fondo ni está evaluado ni consensuado con la sociedad ni con los científicos, como el gobierno lo presume”, dijo Carmona, al afirmar que en su organización están en contra del programa Revivamos el Río Santiago.

En el contexto de la resolución de la CIDH y bajo la presión de la opinión pública, el gobernador Alfaro prometió una investigación que no terminaría hasta encontrar “al agente contaminante” del río Santiago. ¿El gobernador se propuso una tarea imposible?, le pregunté a Cindy McCulligh, investigadora del CIESAS y una de las mayores expertas en la contaminación del Santiago. “Obviamente, el nivel estatal del gobierno no tiene todas las facultades para controlar esos puntos, porque muchos son del ámbito federal, porque las descargas a cuerpos de aguas nacionales son competencia del Gobierno federal, pero de que sea un gran misterio no creo que sea este el caso”, dijo McCulligh.

Los problemas del Santiago

El principal problema en el río Santiago no es la contaminación, es el dinero. Y el dinero es lo que da cuerpo a otros grandes problemas institucionales: disminución de las capacidades del Estado frente a las corporaciones privadas; descoordinación y falta de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno involucrados; reducida asignación de presupuesto para verificación y sanción, y una normativa medioambiental insuficiente para controlar el vertido de contaminantes a las llamadas aguas nacionales: los ríos y afluentes directos o indirectos, los lagos de formación natural, las aguas del subsuelo y los mares territoriales.

La zona del río Santiago es un área estratégica para la producción industrial de Jalisco y para la economía nacional, con sus respectivas ramificaciones: generación de empleo, atracción de inversión privada extranjera, cumplimiento de obligaciones comerciales internacionales. Todo, a costa del medio ambiente y la salud de los pobladores. Así ha sido siempre.

Hace 12 años se formó un movimiento ciudadano para exigir al Gobierno federal que declarara “zona de emergencia” al río Santiago. La Administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en voz del entonces secretario del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, se negó con una sinceridad abrumadora: “El Gobierno federal no puede aprobar la declaratoria de emergencia en el río Santiago en su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlán, porque se verían afectadas las inversiones privadas en la zona”.

Lo mismo ocurre con el hermano gemelo del Santiago, el río Lerma, un cauce que desde su nacimiento en Almoloya del Río, en el Estado de México, y hasta su desembocadura en el lago de Chapala va acumulando un gigantesco catálogo de componentes contaminantes. Juntos, estos ríos forman la llamada cuenca Lerma-Santiago, una alcantarilla para cientos de instalaciones industriales a la que se suman otras fuentes contaminantes de origen municipal, industrial, agroindustrial y de basureros que generan lixiviados.

La debilidad institucional juega un papel importante en esta catástrofe. Ni el marco jurídico ni las normas de protección ambiental son suficientes para controlar la contaminación industrial del río Santiago. La NOM-001 de 1996, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establece los límites máximos permitidos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en los ríos. Esta norma oficial mexicana vigila apenas 20 parámetros de contaminantes que pueden arrojarse a las aguas nacionales: ningún parámetro contempla sustancias sintéticas. “Tenemos la mala fortuna de contar con una normativa de descarga bastante obsoleta y miope”, dijo McCulligh.

Otra mala fortuna es contar cada vez con menos recursos para la protección del medio ambiente. El presupuesto federal asignado al sector ambiental se redujo 60% en siete años, de acuerdo con la organización civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el mismo periodo se recortaron 2,515 plazas dedicadas a la defensa y protección del medio ambiente. Entre las dependencias más afectadas por los recortes, advirtió el Cemda en septiembre de 2020, se encuentran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La austeridad ha puesto otro grano de arena en la devastación. Antes de renunciar a la jefatura de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur, un muy reputado ambientalista de izquierda, fue grabado cuando acusaba “un gobierno de contradicciones” y de “luchas de poder” que privilegiaba los proyectos de la “agroindustria”. La defensa del medio ambiente, el impulso a la agroecología y la transición energética hacia fuentes más limpias “no están para nada en el resto del gabinete y me temo que no están en la cabeza del presidente”, se escucha a Toledo en la grabación filtrada a los medios.

“Cuando renunció Toledo se interrumpió el proceso interinstitucional. Y evidentemente la contingencia (de coronavirus) no lo ha hecho fácil, porque llevábamos varias reuniones con el Gobierno federal, presenciales, y por la pandemia comenzaron a ser virtuales. Pero entonces salió Toledo y hasta la fecha no nos hemos reunido con la nueva titular (de Semarnat, María Luisa Albores González)”, dijo Carmona.

La Conagua está subordinada a la Semarnat y es la máxima autoridad en la gestión del agua en México. En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Conagua disminuyó 50% el número de inspecciones a descargas de aguas residuales que realizan las compañías privadas a las aguas nacionales. “La actividad de inspección de la Conagua es sumamente limitada y ha venido a la baja”, dijo McCulligh. Entre enero y noviembre de 2020, la Conagua realizó apenas 22 inspecciones a descargas de empresas en todo Jalisco, incluidas las de la cuenca del río Santiago.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también tiene facultades para verificar las aguas residuales que las industrias vierten a las aguas nacionales. Pero la Profepa tampoco puede presumir de un alto volumen de inspecciones. Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, “realizó 115 visitas de inspección con el propósito de contribuir al saneamiento de las principales cuencas del país, entre las que destacan la Cuenca Lerma-Chapala–Santiago, Cuenca del río Atoyac, Cuenca del río Sabinas y la Cuenca del río Tula, principalmente, afectadas por descargas directas e indirectas de las industrias ubicadas en la zona de la cuenca, e impuso dos clausuras a empresas que incumplieron con la legislación ambiental”, se lee en el informe de labores de Semarnat para 2020. La Conagua tiene identificadas 731 cuencas hidrológicas en el país.

Alfaro vs. López Obrador… o al revés

Para colmo, no existe coordinación institucional para atender de manera unificada los problemas relacionados con el río Santiago. Son evidentes las diferencias entre Enrique Alfaro y López Obrador y éstas sólo se han pronunciado por la pandemia y los criterios para enfrentarla; por la manera como se calculan las llamadas transferencias de recursos fiscales de la Federación a los estados, y por la proximidad del proceso electoral de medio mandato, a celebrarse en junio de 2021.

“Quizá no encuentran la manera de abordar el problema sin tener que lidiar con el Gobierno del estado y pues esa disputa política, esas confrontaciones y esa falta de coincidencia les ha impedido ponerse de acuerdo, a pesar de que estamos ante una resolución de la CIDH que les presiona como Estado mexicano”, se lamentó Carmona, de Un Salto de Vida.

El protagonista dinero

Esta tragedia de salud pública y medioambiental se manifestó por primera vez hace medio siglo, con la muerte de miles de peces en el cauce a la altura de Ocotlán. “En la margen de los ríos (Santiago, que nace en Chapala, y Lerma, que desemboca en Chapala) se puede apreciar una gruesa capa de aceites y desechos químicos que arrojan las industrias, así como aguas negras, sin haber sido sometidas al más mínimo tratamiento”, publicó el periódico El Informador el miércoles 24 de enero de 1973. La situación sólo ha empeorado.

Todo comenzó con la construcción a finales del siglo XIX de una hidroeléctrica de la Compañía de Luz Eléctrica de Guadalajara S.A. que aprovechaba la potencia de la cascada de Juanacatlán. Con esa nueva infraestructura y teniendo una fuente de agua y una opción de alcantarilla en el río Santiago, la familia Martínez Negrete construyó la fábrica de hilados y tejidos Río Grande a la manera inglesa: un complejo industrial y un complejo habitacional para los más de 1,650 obreros de la planta, que con el tiempo dio lugar a la población de El Salto. Luego llegaron a la zona la multinacional suiza Nestlé, para producir leche condensada a la orilla del río, y 12 años más tarde (en 1947), la estadounidense Celanese Mexicana, para fabricar fibras sintéticas.

El llamado Corredor Industrial de Jalisco fue creado a finales de los años sesenta para ofrecer servicios públicos a una serie de compañías que habían ido instalándose a ambas márgenes del Santiago, sobre todo tras la construcción de la carretera Guadalajara-La Barca. La abundante agua del río y una falta de regulación sobre las descargas residuales industriales fueron un buen motivo para instalarse en la zona. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994 y permitió una mayor industrialización de México como nación manufacturera, aportó nuevos alicientes para la masificación del corredor.

Hoy existen más de 750 instalaciones industriales alrededor del río Santiago, con actividades minerales no metálicas, de producción de alimentos y bebidas, de ensamblado automotriz, de fabricación de autopartes, maquinaria, equipo industrial, muebles, papel, plásticos, hule, textiles, calzado y de productos químicos y petroquímicos: BorgWarner Morse Systems México, Farmacias Guadalajara, las tequileras José Cuervo, 7 Leguas, Casa Patrón, la planta porcícola Los Arámbula, Empaques Modernos de Guadalajara, Hershey, Nestlé, Danone, IBM, Honda, Mexichem, Ciba Geigy, Cromadora Hermanos Pulido, Operadora CICSA, Cytec de México, Zoltek de México, Quimi-Kao, Urrea, Huntsman, Flextronics, Oxiteno…

En sus medidas cautelares de hace un año, la CIDH señala que el Estado mexicano no ha dado una respuesta adecuada para reducir la contaminación del río y mejorar la calidad de vida de las poblaciones vecinas. Siendo un problema de tantos años, ¿por qué no ha habido una “respueta adecuada”?, le pregunté a McCulligh. “Yo creo que la autoridad hasta ahora no ha querido trastocar el espacio del río Santiago, que se ha convertido en lo que los movimientos por la justicia ambientalista llaman ‘una zona de sacrificio’, en el sentido de que es un espacio abierto a la contaminación tóxica por parte de la industria privada”, respondió la investigadora del CIESAS.

Alan Carmona, de Un Salto de Vida, ofreció una reflexión con mucha más carga política sobre la misma pregunta: “Lo más determinante es el capital invertido en la cuenca, sobre todo en el corredor industrial. El capital está por encima del Estado. Hablamos de empresas trasnacionales con más poder que el propio Estado mexicano. Si el Estado hiciera un reconocimiento del nivel de afectación por la contaminación del río Santiago estaría obligado, forzado, a frenar estas sustancias contaminantes, a frenar los procesos contaminantes y eso implica cerrar fábricas. Pero también implica cerrarse las puertas de muchas inversiones internacionales”.

Por lo pronto, la tarea más urgente, dijo Carmona, es atender a las personas que se sabe que ya están enfermas y detectar a las que no se sabe. “Hay que atender a los niños que están muriendo”, dijo.

Se ha cumplido un año de las medidas cautelares exigidas por la CIDH y el problema en el río Santiago sólo tiende a empeorar. “No vemos ningún cambio, incluso vemos un empeoramiento y un crecimiento de la población expuesta a esta contaminación”, advirtió McCulligh.

Las cataratas de Juanacatlán son ahora un recuerdo de la magnificencia de la naturaleza y una advertencia de la devastación humana, la postal más nítida de una catástrofe ambiental y humana que nadie puede frenar.

Este reportaje se publicó en El Economista el 7 de febrero de 2021.

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