Salma Jalife Villalón, en una imagen de abril de 2019. Jalife Villalón renunció a la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico el 10 de septiembre de 2020. Foto: SCT México (Twitter / @SCT_mx

Todo indica que la política pública digital de México se encamina al despeñadero. La ausencia de una planeación estratégica, los recortes presupuestales, el desmantelamiento institucional y la renuncia de funcionarios sectoriales corroboran los más funestos presagios y vislumbran no sólo dos años desperdiciados, sino quizá todo el sexenio extraviado en digitalización.

Diagnóstico certero

La llamada Cuarta Transformación (4T) arrancó de forma esperanzadora para el sector digital con Internet para todos como uno de los programas prioritarios del gobierno. AMLO prometió cobertura gratuita de Internet a nivel nacional en carreteras, centros de salud, escuelas y plazas públicas.

La 4T planteó un diagnóstico certero de la conectividad en el país. Reconoció que en la prestación de servicios de telecomunicaciones no debe existir ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social o ubicación geográfica. Su enfoque fue promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo la consigna de “primero los pobres digitales”.

Funcionarios sacrificados

El nombramiento de Salma Jalife Villalón como titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico auguraba que las políticas públicas de telecomunicaciones y radiodifusión estarían en manos de una funcionaria experta reconocida por la industria y opuesta al conflicto. Sin embargo, aunque la Subsecretaría avanzó en un Programa de Cobertura Social, un Marco de Habilidades Digitales y en muchos otros temas aislados, precisamente nunca desarrolló la política de inclusión digital universal integral como lo ordena la Constitución.

La renuncia de Jalife ocurre tras la desaparición de la Subsecretaría a su cargo por el decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin un análisis de la pertinencia de esa medida. Por congruencia y dignidad, Salma presentó su renuncia, como cuando en la época de la Ley Televisa renunció como comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Menos presupuesto

A pesar de ya no existir, en 2021 la Subsecretaría sufrió su tercer recorte presupuestal consecutivo en la 4T: pasó de 114.4 millones de pesos en 2019 a 79.9 millones de pesos en 2020 para quedar en 62.4 millones de pesos este año.

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento que, entre otras atribuciones, tiene las de promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, apenas conservó 18.2 millones de pesos para su sostenimiento, cuando en 2020 ya se le había recortado a 482.8 millones de pesos de 624.4 millones de pesos que se le otorgaron en 2019. La reducción significa que el programa Internet para Todos (antes México Conectado) dejará de existir.

Empresa estatal

Ese monto se transfirió a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad creada el 2 de agosto de 2019 para conformar una red de telecomunicaciones sin fines de lucro para brindar acceso a la población sin cobertura de servicios. La paraestatal de Internet pasó de 1,095 a 1,986 millones de pesos en 2021, principalmente para gasto de operación.

Parece una buena noticia, pero estados como Oaxaca y Guerrero —con una altísima marginación digital— no tienen ningún punto de acceso gratuito a Internet de la filial de la CFE. En cambio, la Ciudad de México tiene 94 puntos. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos está repitiendo la historia de conectar primero zonas que ya tienen servicios, cuando su objeto social es llevar Internet a la población que no tenga cobertura.

Estrategia Digital, sin esperanza

Tampoco hay señales de que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (EDN) asuma el liderazgo, sobre todo porque sus atribuciones apenas le permiten “orientar la emisión y ejecución de políticas públicas en materia de tecnologías de la información y comunicación”. Su presupuesto para 2021 será de 14.7 millones de pesos, 2.4 millones de pesos más que en 2020, pero insuficiente para implementar y ejecutar una agenda digital transversal y multisectorial.

Mediante una solicitud de transparencia, se le preguntó a la Estrategia Digital Nacional qué acciones, iniciativas o proyectos había emprendido desde el 30 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria nacional por Covid-19.

La respuesta fue que emprendió tres acciones:

  1. La aplicación móvil Covid-19 Mx para los sistemas operativos IOS y Android, auxiliar en la atención de la emergencia con funciones de autodiagnóstico de usuarios, medio de contacto con usuarios y seguimiento de proximidad, directorio georreferenciado de unidades de salud y repositorio de información oficial de las autoridades sanitarias.
  2. El chatbot Susana Distancia, en colaboración con Facebook y WhatsApp, para proporcionar información preventiva y responder a preguntas frecuentes sobre el tratamiento y atención de Covid-19.
  3. El sitio Coronavirus (https://coronavirus.gob.mx), canal oficial para información relacionada con la atención de la pandemia.

Estos proyectos emergentes han sido útiles para apoyar a la población a obtener información sobre el coronavirus, pero vuelven a ser iniciativas aisladas e incluso insuficientes en un contexto que demanda más plataformas digitales para la recuperación económica.

¿Queda el IFT?

A pesar de las amenazas de extinción sobre el regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) queda como una institución capaz de diseñar política regulatoria que contribuya a la inclusión digital. Recientemente, puso a consulta pública su Hoja de Ruta 2020-2024. Su primer objetivo es promover el desarrollo, despliegue y uso eficiente de infraestructura que facilite el desarrollo del ecosistema digital y fomente la inclusión digital.

A pesar de las buenas intenciones, el IFT carece de las herramientas jurídicas para el diseño de política pública y no le compete sustituir al gobierno en esa tarea. Incluso algunas de sus políticas regulatorias, como la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico, encuentran obstáculos en el gobierno que contradicen la universalización de los servicios de telecomunicaciones. La reforma a la Ley Federal de Derechos propone incrementar el pago de derechos para algunas bandas del espectro. Otras medidas como la preponderancia y la separación funcional también frenan la expansión de redes y servicios.  

Las telecomunicaciones requieren inversiones y planeación a largo plazo. El caos reinante en el sector atenta contra el derecho fundamental de acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet. Ante el desmantelamiento institucional, hoy más que nunca se requiere liderazgo al más alto nivel. ¿Puede existir cuando el Presidente de la República desconfía de la industria, desaparece subsecretarías, sacrifica a funcionarios, no cree en la utilidad de las computadoras y no diseña política pública? Es muy temprano en el sexenio para asegurar que la Cuarta Transformación no logrará su equivalente digital. Pero sí se puede afirmar que perder el tiempo y no actuar desde el principio impide que los objetivos de digitalización se logren.

Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

Twitter: @beltmondi

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