En lugar de que el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) se convierta en el líder y legislador digital que México necesita, prefiere optar por desmantelar un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que funciona a cambio de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que fusionaría los reguladores de telecomunicaciones y radiodifusión (IFT), competencia económica (Cofece) y energía (CRE).
La principal razón para no fusionarlos debiera ser que el IFT tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (incluida la banda ancha e Internet), los derechos de las audiencias, de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y la libertad de expresión. Todos estos derechos humanos requieren un conocimiento y un tratamiento específicos para promoverlos, difundirlos y garantizarlos.
En vez de plantear modificaciones al actual marco legal y regulatorio de las telecomunicaciones para adaptarlo a la transformación digital que México requiere con urgencia y retirar los obstáculos que frenan las inversiones y el desarrollo del sector ante el coronavirus, prefiere acabar con uno de los avances de la reforma constitucional de 2013: la creación de un regulador autónomo, técnico y especializado en telecomunicaciones y radiodifusión.
El legislador morenista no quiere que los aspirantes a regular los sectores pasen por un procedimiento independiente para ser seleccionados por sus méritos y conocimientos en la materia. Prefiere que el Senado convoque a los aspirantes, quiere que los senadores los entrevisten y quiere integrar las ternas para presentarlas al Presidente de la República. No quiere que los especialistas lleguen al regulador por méritos propios sino por factores políticos y partidistas.
El líder del Senado no cree en la autonomía plena del regulador sino en el control político sobre los consejeros y los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ese mecanismo de selección y designación de autoridades facilita la captura regulatoria por parte del gobierno, el Congreso y las empresas reguladas.
La insuficiencia financiera para un organismo que tutela derechos fundamentales, que el gobierno no ha podido universalizar, compromete su autonomía. En lugar de pretender ahorros y austeridad para el IFT tomando como pretexto la crisis económica actual, debería procurar que la digitalización del país fuera más acelerada. Que los gobiernos, las empresas, las fábricas, todos los sectores productivos se digitalicen ya este sexenio. Digitalizar México traería enormes ahorros y eficiencias al gobierno y el Estado.
Senador Monreal: ¿sabía que durante la emergencia sanitaria las redes de telecomunicaciones no colapsaron, entre otras razones, porque el Estado está desconectado, porque los gobiernos siguen siendo analógicos, porque los trámites y el gobierno digital no están generalizados?
Senador Monreal: es falsa la aseveración del Presidente López Obrador de que los organismos reguladores autónomos son resultado del neoliberalismo. Los reguladores fueron creados por Estados Unidos desde finales del siglo XIX y principios del XX. La regulación del sector de las telecomunicaciones es la más antigua del mundo, nace en 1914 con la creación de la Comisión Federal de Comercio y se especializa en 1934 con la Comisión Federal de Comunicaciones, el primer organismo autónomo de la historia durante la administración del presidente Roosevelt, (ojo) inmediatamente después de la gran recesión de 1929 para limitar la crisis de los mercados y proteger el interés público en pleno nacimiento del Estado de bienestar. Vea la importancia de las telecomunicaciones como un sector que puede contribuir a la recuperación económica de México.
Los reguladores autónomos no pertenecen a la era neoliberal sino al periodo del Estado de Bienestar y desde entonces sus principios siguen siendo los mismos: son agencias especializadas separadas de la administración ejecutiva del Estado, neutrales, independientes, profesionales, técnicas.
Cito a Jaime Cárdenas Gracia en su libro Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, flamante Director del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado y militante de Morena: existen “diferentes grados en la concepción de autonomía. Tanto en su integración —¿cuánta influencia de los partidos o de los órganos o poderes tradicionales se puede ejercer sobre ellos permanentemente?— en su estructura y organización y en su autarquía financiera”.
El jurista que goza de todas las confianzas del Presidente AMLO agrega: “la autonomía o independencia no es exclusivamente funcional sino también financiera. Los titulares de los órganos autónomos deben de gozar de [ojo] inamovilidad, [atención] remuneración suficiente, prohibición de su reducción y servicio civil de carrera [o sea, profesionalidad]. Los órganos constitucionales autónomos son órganos técnicos y no políticos”.
En su libro de 2012 Cárdenas Gracia le leyó la mente a López Obrador cuando cuestiona a los reguladores: “las críticas a los órganos constitucionales autónomos son generadas por su carácter técnico”. Cuánta verdad. El propio constitucionalista responde a esta crítica: “la legitimidad de los órganos constitucionales autónomos se produce con su ejercicio adecuado; es decir, los órganos constitucionales autónomos se justificarían o legitimarían día a día, al adoptar sus decisiones conforme a principios constitucional-democráticos”. Por eso hay que señalar todos los días el desempeño del IFT y sus comisionados.
En su publicación Jaime Cárdenas Gracia propuso crear un órgano constitucional autónomo para regular los medios de comunicación porque son “un excelente instrumento de control de los intereses”. Un año después la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ordenó la creación del IFT.
Senador Monreal: con su iniciativa no sólo está extinguiendo un regulador especializado en tutelar algunos derechos fundamentales, también está matando una tradición de autonomía, independencia, conocimiento técnico y profesionalidad que no es neoliberal, que tiene más de 90 años y que llegó muy tardíamente a México con la reforma constitucional de 2013 como un triunfo de la sociedad y de ideólogos de la 4T como Jaime Cárdenas Gracia.
Senador Monreal: si quiere seguir adelante con su propuesta de reforma constitucional, por lo menos le sugiero una denominación más precisa para su regulador único: Instituto Nacional para Quitarle a la Sociedad lo Ganado.
Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Twitter: @beltmondi
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