El gobierno, las empresas, el sistema de salud, las instituciones educativas, financieras y la sociedad tienen en la infraestructura de telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios digitales a aliados extraordinarios para enfrentar la pandemia por la Covid-19 y la recuperación económica de México. La autoridad debe coordinar las acciones necesarias pero sobre todo preservar su sana distancia para que las redes y los servicios se sigan prestando con eficiencia, oportunidad y continuidad.
Desde hace mucho tiempo lo habíamos dicho, pero ahora es evidente que las telecomunicaciones contribuyen a preservar lo más valioso del ser humano: la vida. Ahora, además se demuestra que son herramientas indispensables para garantizar el derecho a la salud, a la educación o el acceso a la cultura y el esparcimiento mientras la población se encuentra confinada en sus hogares.
En la medida en que el coronavirus se ha propagado por el mundo, la tecnología digital y la industria de telecomunicaciones han jugado un papel fundamental para detectar los casos, identificar personas contagiadas, detener la propagación y brindar atención médica a través de plataformas tecnológicas.
La banda ancha, la conectividad, las soluciones tecnológicas y las redes de cuarta y quinta generación (donde ya han comenzado a desplegarse) han contribuido de forma efectiva para que el virus sea estudiado, identificado y combatido para mitigar su rápida propagación. También han ayudado para que los gobiernos implementen políticas de salud, educativas, económicas y sociales de forma más efectiva.
Las acciones e iniciativas que han tomado los sectores público, privado y social para ayudar a la población durante la cuarentena demuestran que siempre se pudo confiar en las telecomunicaciones y las soluciones digitales para realizar las actividades cotidianas mejor y más fácil. Quienes aún se tienen que desplazar a sus empleos para subsistir o deben formarse en el cajero automático para disponer de efectivo, corren el riesgo de contagiarse y ponen en peligro su vida y la de los demás, porque hemos sido lentos en impulsar el comercio electrónico.
La infraestructura de telecomunicaciones, sus servicios y aplicaciones están contribuyendo para que las personas no interrumpan sus actividades cotidianas, sigan comunicándose con sus seres queridos, y no dejen de recibir servicios educativos, de salud, financieros y de entretenimiento ante las medidas de confinamiento.
La respuesta, la colaboración y la actitud de muchos proveedores y fabricantes de abrir sus servicios y aplicaciones de suscripción a la población, demuestra que no sólo el coronavirus, también la solidaridad es contagiosa.
Hoy la “adicción” a las pantallas y la dependencia hacia Internet se miran distinto. La población está sintonizando la radio y la televisión como en sus mejores tiempos; les recuerda a sus concesionarios que tienen una función y responsabilidad social permanentes, y que las campañas de salud deben ser en todo momento. Los jóvenes ya no sólo están metidos en sus redes sociales; también reciben la instrucción de sus profesores, utilizan el video para recibir conocimientos y revisan los materiales que les envían a través de plataformas digitales educativas. Si en algún momento existió la duda de que los servicios de telecomunicaciones eran esenciales para la vida cotidiana, hoy no queda duda de que lo son.
Por todos estos beneficios tangibles, es importante que el gobierno no caiga en la tentación de pretender controlar o requisar los medios, las redes de telecomunicaciones o intervenir sobre los servicios digitales, en caso de que la autoridad declare la fase 3 epidémica por la amplia propagación geográfica del virus SARS-CoV2. Por su naturaleza autónoma, es por demás pertinente y prioritario que el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se integre como Vocal Titular del Consejo de Salubridad General, órgano que emite disposiciones obligatorias en materia de salud.
Por ello, es positivo el llamado de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y del IFT a los gobiernos federal, estatales y municipales para que autoricen y permitan durante la contingencia el mantenimiento de las redes. Como los médicos y las enfermeras en este momento, los empleados de los bancos o quienes despachan en las gasolinerías, los técnicos e ingenieros de telecomunicaciones tienen que seguir trabajando y desplazarse a las instalaciones físicas donde se encuentra la infraestructura para garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de la población.
Cualquier acción extraordinaria en materia de salubridad general para combatir de forma prioritaria la enfermedad debe ser realmente necesaria y temporal. No es indispensable que el gobierno disponga de los medios de servicio público como la radiodifusión o las telecomunicaciones si éstos operan con normalidad, eficiencia y responsabilidad ante las medidas ejecutivas que emita la Secretaría de Salud.
El gobierno no tiene que arreglar lo que no está roto ni estropearlo. Las redes y los servicios de telecomunicaciones están funcionando y se está haciendo un uso productivo y solidario de la conectividad, sus servicios, aplicaciones y contenidos como nunca se había visto. La autoridad tiene la obligación de emitir directrices informativas oportunas, veraces, objetivas, claras e imparciales pero no excederse. Cuidado con caer en la tentación autoritaria de utilizar los servicios telefónicos, de banda ancha o las transmisiones de radio y televisión de una forma distinta a como están operando.
Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)
Twitter: @beltmondi
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