Raymundo Artís Espriú (al centro, de camisa amarilla), al ser designado director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una subsidiaria de la CFE. Foto: @SENER_mx / Twitter

El 1 de diciembre de 2019 cumplió su primer año la llamada Cuarta Transformación y, con ello, el plazo que los mexicanos consideramos suficiente para que un gobierno culpe a los antecesores, aprenda, proyecte lo que será el resto del sexenio y asuma sus propias responsabilidades. Se acabó la luna de miel. En telecomunicaciones y temas digitales también concluyó el tiempo de gracia y el Ejecutivo federal ya mostró las cartas con las cuales pretende jugar los próximos cinco años.

La infraestructura del siglo XXI, las redes digitales de banda ancha, no serán una prioridad del gobierno. Optará por las infraestructuras del siglo XIX (trenes) y las del siglo XX (carreteras, puertos, aeropuertos), a pesar de que las redes digitales son las que más nos acercan y la Internet, la que organiza la economía del mundo.

A un año de distancia seguimos sin Estrategia Digital Nacional, sin la visión de un México plenamente digitalizado hacia 2024. Sin saber cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación habilitarán nuestros derechos fundamentales. Sin imaginar y, peor aún, sin proyectar, planear y conducir la transformación digital del país, su gobierno, sus instituciones, sus sectores productivos y su sociedad.

Quien privó al país de esa política pública digital es ahora el director de la nueva empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. En la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República no tuvo dinero para hacer su trabajo, en CFE Telecomunicaciones e Internet para todos tampoco tendrá recursos: 1,000 millones de pesos son claramente insuficientes para hacer lo más difícil: proveer servicios de telecomunicaciones en las zonas y a la población más desatendidas. Entre 2012-2018 los operadores privados destinaron 402,082 millones de pesos que no alcanzaron para cerrar la brecha digital. Los mil milloncitos de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos son apenas 0.24% de ese capital privado que no ha alcanzado áreas rurales y alejadas de México. Muy pocos confían en él, pero eso no es lo importante; él parece no confiar ni en el sector ni en el bienestar digital.

El gobierno de la 4T construirá 100 Universidades para el Bienestar en zonas marginadas del país, en lugar de millones de aulas virtuales en igual número de hogares y dispositivos móviles de mexicanos. Abrirá 13 mil nuevas sucursales del Banco de Bienestar en comunidades estratégicas para entregar sin intermediarios los recursos de programas sociales, en lugar de desarrollar una sola plataforma digital y aplicación robustas y seguras para que los beneficiaros de dichos programas reciban directamente en su teléfono móvil los apoyos, impulse la inclusión financiera y el uso seguro de dinero electrónico móvil.

Un año no fue suficiente para generar confianza y certidumbre en el sector de las telecomunicaciones. Ningún operador anunció inversiones en México en este periodo, todo lo contrario. América Móvil está colocando sus inversiones en otros países y ya sabe que México dejará de ser su principal mercado, pues en lo sucesivo lo será Brasil.

Telefónica anunció su mutación hacia lo que será un enorme Operador Móvil Virtual; con ello, la compañía española pretende salvar su negocio, complacer a sus accionistas y recortar drásticamente sus inversiones a costa de un país que le abrió las puertas, le concedió una reforma constitucional, una ley y regulación a modo. En el punto en el cual sí tenía razón Telefónica (el alto costo del espectro y los elevados derechos anuales por su uso y explotación) no obtuvo una respuesta favorable de Hacienda y el Congreso, por eso irá devolviendo al Estado las frecuencias obtenidas en licitaciones.

AT&T también mira con reservas a México. El operador internacional con la chequera más abultada y el más grande comprador de empresas no arriesgará inversiones adicionales en el país. Ha optado por densificar el tráfico en su red vía el acuerdo inalámbrico de última milla con Telefónica. Es previsible que intensifique un furioso cabildeo en temas regulatorios como compartición de infraestructura, acceso favorable a fibra óptica de Telmex y la separación funcional de esta empresa, pues sólo así podrá satisfacer la demanda de nuevos usuarios y servicios móviles hospedados en su red.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puede sentirse engañado y decepcionado por el Gobierno federal, así como repudiado por la mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque el IFT aprobó en sólo 23 días la concesión única de uso público para la nueva empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el regulador no obtuvo el presupuesto deseado. De 1,730 millones de pesos que tenía previsto para 2020, en realidad obtendrá 1,541 millones de pesos, una reducción de 0.3% respecto de lo ejercido en 2019. El IFT se siente frustrado porque desde su creación en 2013 ha contribuido con la recaudación de ingresos públicos para el Gobierno Federal por 106,000 millones de pesos. Advierte que “ante la referida reasignación presupuestal, el IFT realiza un exhaustivo análisis sobre los proyectos que deberá cancelar o posponer”. Sigue olvidando que es el organismo constitucional autónomo garante del derecho fundamental de acceso a las TIC de todos los mexicanos.

La economía digital, de plataformas y colaborativa es vista con fines recaudatorios. Hacienda gravará con IVA e ISR las plataformas digitales no residentes en el país. Pero carecemos de políticas públicas que impulsen la innovación y el emprendurismo de nuevos negocios digitales con contenido local propio.

El gobierno parece ignorar que en la Sociedad de la Información lo que genera riqueza ya no es el trabajo físico aplicado a las máquinas sino el conocimiento, la creactividad, la innovación y la cultura. La nueva materia prima es la información y los datos. Como la gasolina, esos datos también pueden ser sustraídos ilícitamente, por eso requerimos de un auténtico plan de ciberseguridad, una Guardia Nacional Digital que nos proteja del huachicol de la información, salvaguarde nuestra identidad, privacidad, datos personales, biométricos y transacciones electrónicas.

“Sé que una preciosa muñeca o una beldad estúpida podrían servir para la luna de miel, pero una vez enfriada la pasión, ¡qué espanto encontrar un pedazo de cera y madera sobre mi pecho, una idiota entre mis brazos, y recordar que yo había convertido eso en un igual, no, en mi ídolo, y saber que tendría que pasar el resto de mi deprimente vida con una criatura incapaz de comprender lo que le dijera, de apreciar lo que pensara o simpatizar con lo que sintiera!”.

Charlotte Brontë (El profesor, 1857)

Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

Twitter: @beltmondi

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