Réquiem por el Instituto Mexicano de la Radio (Imer)

Parafraseando al Presidente López Obrador, no existen audiencias ricas con medios públicos pobres. No existen audiencias suficientemente informadas y críticas con medios públicos sin presupuesto suficiente. El Instituto Mexicano de la Radio (Imer) se encuentra en una situación financiera crítica. La causa de esa pesadumbre económica pronto impactará al resto de los medios públicos del gobierno federal que hasta el momento guardan silencio, pero una soga los ahorca a diario cada vez más.

A partir del Memorándum del 3 de mayo de 2019, donde el Presidente AMLO ordena medidas adicionales de austeridad, la Secretaría de Hacienda aplicó indiscriminadamente una reserva presupuestal al Instituto Mexicano de la Radio (Imer) que reproduce el Efecto Mateo, según el cual los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. Así, los medios públicos que ya eran pobres, ahora serán más pobres e indigentes hasta el riesgo de desaparecer, debido al tijeretazo de Hacienda. Todo para otorgar beneficios fiscales a Pemex, rico en recursos.

Señor secretario de Hacienda, Carlos Urzúa: usted no está tomando decisiones de gasto de forma correcta y analítica. En lugar de comportarse como un sastre elegante que primero mide y después corta a la medida, se comporta como un carnicero que a machetazo limpio rebana el presupuesto. No es capaz de confeccionar un traje más holgado y confortable para que el Imer y los demás medios públicos tengan recursos suficientes para cumplir con su función social de informar, educar y entretener a las audiencias con contenidos de calidad, garanticen la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y los derechos de las audiencias. A cambio, les cercena recursos indispensables para seguir operando. 

Al Imer, Hacienda le reservó 11.42 millones de pesos, sin los cuales el propio gobierno compromete la operación cotidiana del instituto y la continuidad del servicio público de radiodifusión.

El artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expresa que el concesionario que preste servicios de radiodifusión tiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio público de radiodifusión, por lo que no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor.

Aun más, tanto las concesiones como los permisos de las 18 emisoras del Imer en el país le fueron otorgadas bajo el amparo de la anterior Ley Federal de Radio y Televisión. El artículo 4 de esa legislación decía que “la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.

Con la reserva de Hacienda (y el sistemático recorte al presupuesto del Imer), el propio gobierno desprotege a los medios públicos. Por ejemplo, el memorandum presidencial (de carácter obligatorio) dice que se reducirán 30% por ciento las partidas para combustibles, lubricantes y equipos para producción. El Imer ya no tendrá dinero para el diesel de la planta generadora de electricidad que se activa ante los constantes apagones de luz. Las 18 emisoras del Imer podrían salir del aire por la imposibilidad financiera de pagar el recibo de la luz. En caso de que la suspensión del servicio se prolongara, el mismo artículo 157 de la ley advierte que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría revocar las concesiones.

El memo también obliga a reducir 50% el monto aprobado en 2019 para la subcontratación de servicios con terceros. Eso significa que el Imer tendrá que prescindir de 185 profesionales free lance que prestan sus servicios para la producción de contenidos para las emisoras, y a quienes ya se les habían reducido los honorarios.

Esta reserva presupuestal se suma al recorte que ya tuvo el Imer en 2019. Para este año se le autorizaron 159.2 millones de pesos, 18.7 millones menos que los 177.9 millones de 2018. El de 2019 será el presupuesto más bajo en siete años, como se observa en la siguiente figura:

El Imer tampoco tendrá dinero para pagar la renta de la torre donde tiene instaladas antenas de transmisión. El Defensor de la Audiencia también se quedará sin emolumentos. A todos los trabajadores de confianza ya también se les ajustó a la baja su salario. La infraestructura y las instalaciones del Imer se encuentran en un estado preocupante, por mermas en los recursos y por años de abandono. En temporada de lluvias, el Imer ha sufrido inundaciones.

El memoramdum estrangulador del Presidente señala que en materia de comunicación social las partidas se reducirán 30%. A algunos les puede parecer correcto, pero en la práctica significa que varias dependencias del gobierno federal que contrataban los servicios de producción del Imer para realizar spots para las campañas de comunicación social, dejarán de hacerlo. Por lo tanto, el Imer ya no recibirá esos ingresos autogenerados que aliviaban la de por sí precaria situación del medio.

Además de que Hacienda debe liberar de forma inmediata esos 11.42 millones de pesos, también debieran implementarse mecanismos para que los medios públicos atraigan más recursos. Como ocurre en otros países, la ley secundaria debe permitirles comercializar un porcentaje acotado de sus tiempos de transmisión. El regulador (IFT) también podría prever fondos para que los medios públicos concursen por recursos a partir de programas, proyectos y convocatorias que permitan ampliar y fortalecer derechos fundamentales como el pleno acceso a tecnologías.

En lugar de que los medios públicos estén planeando su transformación digital y la construcción de nuevas y mejores audiencias, tienen que pensar en cómo subsistir. Como los demás pobres de México, el Imer también vive al día. ¿Qué va a hacer la Cuarta Transformación: asfixiarlos todavía más o fomentar su desarrollo?

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.

Twitter: @beltmondi

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