Imagen institucional de la Red Nacional de Radiocomunicación. Imagen tomada de Presidencia de la República.

Empecemos con tres datos:

  1. Durante los primeros tres meses de 2019 se contabilizaron 8,493 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 1997 cuando comenzaron los registros estadísticos.
  2. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, realizada en la primera quincena de marzo, 74.6% de la población de 18 años y más consideró que su ciudad es insegura.
  3. En Minatitlán, Veracruz, donde acaeció la matanza de 14 personas el , es un municipio semi urbano de 157,393 habitantes (2015), con apenas 75 espacios públicos conectados a la banda ancha del programa Internet para todos (antes México Conectado), con una penetración de Internet de apenas 33.9% y de telefonía móvil de 75.6% (2015). Coatzacoalcos, que colinda con Minatitlán, es la cuarta ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país con 92.6% de la población de 18 años y más, según la encuesta del Inegi.

La pregunta es ¿qué puede hacer la tecnología para combatir el incremento de la violencia, la creciente percepción de inseguridad y miedo y la evidente marginación digital de muchas comunidades en México donde la delincuencia es incluso más descarnada?

Desde 1999 México cuenta con una Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) que interconecta 32 redes estatales para garantizar la intercomunicación entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Es decir, es una red que se dice “nacional” y que “interconecta” 32 retazos de red, cada una con distintos problemas técnicos, de diseño y de obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, algunos de los equipos terminales portátiles no son compatibles entre sí y, por lo tanto, la Red Nacional de Radiocomunicación carece de una estructura funcional.

Esta Red Nacional de Radiocomunicación no es nacional: tiene una cobertura de 50% del territorio nacional, es cierto que alcanza 100% de las capitales pero sólo 85% de la población, 80% de puertos, 90% de aeropuertos y 75% de carreteras.

Como señala el senador Cruz Pérez (Morena) en un comunicado del Senado de la República, la Red Nacional de Radiocomunicación “es un riesgo que afecta el propósito de unificar los sistemas de radiocomunicación de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno”.

La Red Nacional de Radiocomunicación no cumple con el objetivo de intercomunicar las fuerzas de seguridad pública. Con ello está en riesgo la tranquilidad y la vida de muchos mexicanos, porque la empresa Airbus dejó de dar soporte a su propia tecnología Tetrapol TDM usada en la RNR, requiriéndose enormes inversiones para actualizar la tecnología de Airbus o sustituirla por equipos de otros proveedores.

Desde 1999 hasta 2017 se han invertido 10,273 millones de pesos en la tecnología Tetrapol TDM ya obsoleta. Para hacer una odiosa comparación, se destinaron 28,446 millones de pesos para ensamblar y regalar 10.1 millones de televisores digitales como parte del proceso de transición a la TDT en 2015. Otra comparación peor que la anterior: el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto erogó 52,585 millones de pesos en comunicación social.

Caray, tenemos televisores digitales para enterarnos de los miles de muertos por homicidio en México y tenemos gasto suficiente para propaganda oficial que nos repite hasta el cansancio los magníficos logros que ha alcanzado el gobierno en turno, incluidos los de seguridad, pero no tenemos una red de telecomunicaciones de seguridad pública decente. Como siempre, las cifras indican que sí hay dinero, pero no se prioriza la inversión.

México es el vigésimo cuarto país más violento del orbe, ocupa la posición 140 de 163 países del 2018 Global Peace Index. Deberíamos merecer una red de intercomunicación nacional de seguridad pública a la altura del enorme problema de inseguridad que enfrentamos, y que ha sido el tema principal de campaña en cuatro elecciones federales, es decir, desde que nació la Red Nacional de Radiocomunicación.

Un estudio prospectivo y diagnóstico de la RNR elaborado por el IPN (Instituto Politécnico Nacional), la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierte serias debilidades de las redes estatales y la Red Nacional de Radiocomunicación. Por ejemplo, las funciones de los equipos se limitan únicamente a voz y carecen de la transmisión de imágenes, videos y datos, es decir, no son redes de banda ancha; se carece de recursos económicos para el mantenimiento de la red y, en algunos casos, 95% de las fallas es debido a cuestiones eléctricas.

Otros problemas identificados (cada red estatal tiene desafíos diferentes, de ahí la complejidad de la Red Nacional de Radiocomunicación) tienen que ver con las complicaciones climáticas, las dificultades geográficas, la falta de cobertura de cada red local, que las redes no han migrado al protocolo de Internet, los dispositivos no son de uso rudo, son insuficientes o bien los policías tienen que utilizar sus propios teléfonos.

El estudio alerta que “la falta de cobertura (de la red de seguridad estatal) en muchas zonas ha llevado a los usuarios (policías) a emplear inclusive sus propios celulares para poder cumplir con sus necesidades de comunicación, esto aun cuando se trata de comunicaciones abiertas que pueden estar comprometidas”. Revela que ¡50% de los policías emplea su teléfono móvil para operaciones de seguridad pública! “De no resolverse los problemas de comunicación de los usuarios (policías), su vida misma estaría en riesgo.”

Algunos datos señalan que de 42,693 radios portátiles inscritos en la Red Nacional de Radiocomunicación, sólo operan 39,625 en las 32 redes locales. No todas las radiobases operan. Ante la pregunta de los investigadores “¿Le ayudaría poder enviar una imagen o video por su radio?”, el policía responde con sentido común: “enviar imágenes sería muy útil como evidencia de incidentes”. Es decir, estamos ante una red que tecnológicamente no ayuda a las fuerzas del orden a recabar evidencias en imagen y video para hacer mejor su trabajo, integrar expedientes de investigación y fortalecer la impartición de justicia, por lo que más bien abona a la impunidad.

Sobre la Red Compartida en la banda de 700 MHz que opera Altán Redes, el informe reconoce que en cuanto a la cobertura poblacional, “no podría cumplir en el corto plazo con la necesidad requerida para seguridad pública”.

Las fuerzas del orden encuestadas para el estudio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evaluaron en general los servicios de la Red Nacional de Radiocomunicación con una calificación de 5 sobre 10. La RNR está reprobada por quienes la utilizan, lo cual se traduce en un clima de inseguridad que nos afecta a todos. El Frankenstein de Red Nacional de Radiocomunicación que tenemos pone en riesgo a todos: a las fuerzas del orden y a la población, contribuye a la impunidad y además le otorga ventajas a la criminalidad, que opera sus propias redes privadas de comunicación y sabotea la infraestructura de las redes comerciales.

Los países más avanzados (que no son los más violentos) están desplegando redes de telecomunicaciones de seguridad pública nacionales con tecnologías de fibra óptica e inalámbricas robustas y de última generación. Redes interoperables y tecnológicamente agnósticas para no depender de un solo proveedor. La tendencia es hacia redes de banda ancha, auténticamente nacionales y ubicuas, con cobertura en áreas urbanas y rurales por igual. El desafío es tan costoso como lento, pero en México además es urgente. Son redes de seguridad pública para todos. Pero en México el “todos” sólo se utiliza en los eslogan de campaña de cada seis años.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones

Twitter: @beltmondi

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