El presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Foto: Cortesía lopezobrador.org

El qué

El presidente López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, en materia de conectividad, la Cuarta Transformación quiere llegar a 2024 con una cobertura de servicios de banda ancha de 95%, a partir del 87% a finales de 2018. Es decir, se buscaría un acceso casi universal.

El PND no menciona estrategias, habilitadores ni líneas acción, tampoco a través de qué tecnologías piensa alcanzar esa meta. Seguramente contempla una combinación de redes fijas, móviles y satelitales de banda ancha que, en conjunto, arrojen ese resultado hacia el final del sexenio. Ese 8% de cobertura faltante es el más difícil y costoso de alcanzar.

Diversos documentos coinciden en que el mayor déficit de México es la infraestructura. Datos oficiales arrojan que tenemos una teledensidad de servicios móviles de 92 accesos por cada 100 habitantes, apenas 43% de hogares con telefonía fija y una penetración de fibra óptica de 17%. El GSMA Mobile Connectivity Index señala que México tiene una evaluación en infraestructura de 55.7 sobre 100. Sin embargo, ese mismo índice reconoce que las redes móviles 3G ya tienen una cobertura de 95%. The Global Information Technology Report de 2016 incluso anota que la cobertura de las redes móviles en el país tienen un valor de 99.9. Es claro que serán las tecnologías móviles las que más sigan contribuyendo al cierre de la brecha digital.

El estudio Contenido en América Latina: la importancia del contenido local para la inclusión digital encontró que “la mayor barrera de acceso a Internet móvil para los no conectados —aquellos individuos de ingresos más bajos— es la falta de relevancia de Internet, especialmente la ausencia de contenido local”, ¡incluso cuando existen redes y servicios disponibles para esa población!

El quién

Operadores de telecomunicaciones, gobierno federal, regulador y gobiernos locales deben contribuir a esa meta de conectividad.

Las empresas pueden hacer mucho con sus inversiones, incluso en zonas rurales, pero su límite siempre serán aquellas áreas donde no puede proveerse banda ancha de forma rentable. Es aquí donde entran los demás actores, los cuales deben expandir la cobertura de redes y servicios más allá de los límites del mercado.

Como es muy caro llegar a la población desconectada (que en México además es un sector social de muy bajos ingresos, que radica en localidades muy dispersas y de difícil acceso, pero que tienen el derecho de acceso a las TIC, incluida la banda ancha), lo mejor es que el Estado proyecte al máximo las facilidades regulatorias y de inversión para que sean los propios operadores los que reduzcan la brecha de cobertura.

A partir del qué (llegar a 95% de la población) planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe analizar de inmediato el ajuste y la optimización regulatoria para destrabar las inversiones que permitan a los operadores alcanzar en la medida de lo posible, con sus propios recursos, ese indicador nacional.

El regulador no tiene pretexto para cumplir a cabalidad con el mandato del artículo décimo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 2013, que dice que el IFT “deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal” que, como se indica en el PND, debe cubrir 95% de la población. Será interesante conocer cuál será la optimización regulatoria que implementará el IFT que, como órgano constitucional autónomo y especializado, sea su contribución para la digitalización del país.

Los Estados y los municipios también deben contribuir al logro del Plan Nacional de Desarrollo y están obligados a ello por la Carta Magna, cuando en el mismo artículo 14 transitorio señala que las entidades federativas “realizarán las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones”, así como facilitando el despliegue de infraestructura y creando sus propias políticas públicas digitales locales que contribuyan al 95% de cobertura en sus entidades.

El gobierno federal debe aportar los recursos suficientes para ampliar la cobertura a partir de la frontera del mercado, lo cual requiere intervención e inversión públicas estratégicas y cuantiosas. Es en esa zona de exclusión digital, en ese Triángulo de las Bermudas donde se ubican los desconectados, donde la 4T debe enfocar sus políticas públicas.

El cómo

Para que 95% de la población tenga acceso a la banda ancha se requiere desarrollar un ecosistema digital que contemple, en primer lugar, infraestructura, seguida de servicios de telecomunicaciones y digitales; una oferta de aplicaciones y contenidos y usuarios que los utilicen. Pero el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de López Obrador no sugiere ningún acercamiento a ello.

Existen varias alternativas para extender la cobertura en las zonas donde hace falta la conectividad, pero el PND no menciona ninguna. México cuenta con la Red Compartida mayorista que deberá tener una cobertura de 92.2% de la población precisamente en 2024. Sin embargo, por el retraso en su implementación (debió iniciar en 2014), es posible que para finales del sexenio, cuando ya se habrán licitado nuevas bandas del espectro radioeléctrico (incluida la de 600 MHz), esa red haya perdido la oportunidad social que se le atribuyó con el avance de las redes comerciales.

También existen los fondos de acceso universal, pero nuevamente el Plan Nacional de Desarrolllo no hace referencia a ellos. Los subsidios a los operadores son otra vía para extender la cobertura; de contemplarse ese mecanismo, requieren un diseño para alinearse a los objetivos del gobierno y la real capacidad técnica de los operadores tanto comerciales como comunitarios.

Las obligaciones de cobertura durante las licitaciones de espectro es el otro esquema tanto de política pública como regulatorio. Coincide que en países avanzados en despliegue de redes y conectividad sus reguladores han establecido obligaciones de cobertura a los operadores ganadores de las frecuencias. Esa alternativa es viable siempre y cuando el prerrequisito sea un espectro barato, para que el costo de la implementación se destine a la cobertura y no al pago de derechos del espectro.

Ya conocemos el qué. Es claro quiénes deben intervenir en el desarrollo digital de México. Todavía ignoramos los cómos. Aún debemos esperar que gobierno, regulador, industria y sociedad se reúnan para diseñar la nueva política pública de inclusión digital. Confío en que el Plan Nacional de Desarrollo de la llamada Cuarta Transformación (4T) no se sume al común denominador de los planes nacionales de desarrollo en materia de telecomunicaciones de los últimos cuatro sexenios: que los gobiernos nunca cumplen con sus indicadores.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.

Twitter: @beltmondi

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