El sacro poder de la radio y la televisión

Cuando el obispo brasileño de la Iglesia Universal del Reino de Dios (cuyo eslogan es “pare de sufrir”) se prepara para despedir la transmisión televisiva nocturna, pide a su audiencia de feligreses que coloquen sobre el televisor un vaso con agua. (Este ritual se complica debido a los modernos televisores de pantalla plana que no tienen una base para colocar objetos sobre ellos, mucho menos un líquido que podría causar un corto circuito.) Acto seguido, el ministro pronuncia una bendición. Por poder divino de la televisión, el agua queda bendecida.

Escenas como la anterior podrían repetirse en los medios electrónicos en caso de que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) acceda a que las asociaciones religiosas reciban concesiones y operen estaciones de radio y/o canales de televisión, lo cual está prohibido expresamente por el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: “Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”.

El 14 de marzo la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) se reunió en Palacio Nacional con el Ejecutivo Federal y le solicitó ser concesionarios de frecuencias de radio y televisión. En conferencia matutina, el presidente López Obrador declaró que “no veía mal” esa iniciativa, que “cada iglesia podría tener concesión de darse esa reforma (a la ley), cada iglesia podría tener una concesión, pero eso lo vamos a estudiar… Es tiempo que se dé libertad a todas las confesiones religiosas”.

Lo que pudo ser una declaración aislada y sin repercusiones más allá de la polémica que desató, sí ha tenido seguimiento. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con congregaciones evangélicas y se comprometió a “analizar” y “evaluar” la propuesta que pide cambios legislativos para obtener concesiones de radio y televisión por parte de asociaciones religiosas o ministros de culto.

Desde 2006 (que se tiene registro de las acciones legales en contra de los medios electrónicos) hasta marzo de 2019, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación ha emitido 24 acciones legales por la transmisión de programas religiosos sin autorización previa, entre ellas 21 observaciones y tres multas, cada una por 1,196 pesos.

Las iglesias conocen desde hace siglos el poder de los medios de comunicación, saben utilizarlos, saben cómo dirigirse a las masas a través de ellos y les gustaría acceder a las frecuencias de radio y TV para propagar su teología y visión del mundo, su moral y, desde luego, sus posiciones políticas.

Cuando se pretende ingresar a un templo religioso, ya sea para celebrar el ritual o por razones turísticas, es frecuente encontrar la leyenta “Dios no te va a hablar por el celular”, para desmotivar el uso de ese dispositivo móvil durante la celebración religiosa. Pero creen que sí es posible utilizar la radio y la TV para hacer llegar el mensaje divino a la mayoría de la población.

La transmisión de programas y el uso de temas religiosos es frecuente en los medios electrónicos mexicanos, desde las visitas papales, pasando por la misa dominical desde la Catedral Metropolitana, las recurrentes alusiones al códice guadalupano en programas de televisión abierta, los testimonios de Pare de sufrir, hasta constatar que una de las emisiones más vistas ¡por los niños mexicanos! se llama La rosa de Guadalupe, según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las audiencias que sintonizan el televisor en hogares de bajos recursos semiurbanos y rurales, con problemas de violencia familiar, adicciones y desempleo, son el nicho predilecto de las iglesias.

También son conocidas las inclinaciones hacia referencias morales tanto del presidente AMLO como de la 4T y algunos de sus funcionarios. El nuevo gobierno arrancó el sexenio con la publicación de la Cartilla moral de Alfonso Reyes por parte de la Secretaría de Educación Pública. La presentación es del propio López Obrador donde dice que “la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre…”

Más que valores espirituales, que competen a cada individuo y a su irrestricta libertad de culto, el gobierno podría inculcar valores democráticos y, aquí sí, utilizar los medios de comunicación para explicarlos y propagarlos entre la población. Un cuadernillo de Luis Salazar y José Woldenberg, publicado por el entonces Instituto Nacional Electoral, nos dice cuáles son esos principios democráticos: pluralismo, tolerancia, competencia regulada, principio de mayoría, legalidad, derechos de las minorías, igualdad, ciudadanía y soberanía popular.

Un pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) explica por qué ninguna Iglesia debe operar estaciones de radio y/o cadenas de televisión. “Porque los medios electrónicos cumplen una función social de servicio público y no de adoctrinamiento político o religioso. Porque los contenidos educativos que transmiten la radio y la televisión se basarán en los resultados del progreso científico, lucharán contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Porque las audiencias tienen derechos y el Estado, a través de las instituciones administrativas y regulatorias, deben tutelarlos. También porque la información que difundan los medios debe ser imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, así como ser expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.

Llama la atención que un presidente que tanto alude a Benito Juárez, cuyas Leyes de Reforma lograron la separación entre la Iglesia y el Estado, pretenda un retroceso a épocas anteriores a esa que fue la segunda transformación de México. Las asociaciones religiosas deben permanecer alejadas de las frecuencias de radio y televisión, porque lo que se requiere es fortalecer lo que dice la Constitución: una educación basada en los conocimiento científicos, difundir información que genere progreso, superar la ignorancia y no construir fanatismos que sólo dividen a la sociedad.

Sirva la Semana Santa que está por iniciar, y los mismos contenidos que vemos año con año, para meditar la implicación que tiene que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de transmutar el agua ordinaria en bendita a través del sacro poder de la radio y la televisión.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones

Twitter: @beltmondi

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