Para el gobierno del presidente López Obrador, para un Congreso de mayoría morenista aplastante y para la Cuarta Transformación en general, la autonomía de los reguladores apesta.
La descalificación (al más alto nivel presidencial y parlamentario) contra las instituciones que poseen esa cualidad jurídica ha sido tanto política como ideológica y moral. López Obrador ha dicho que los organismos autónomos han fallado en el combate a la corrupción. Que sus principales especialistas ganan unos sueldazos y, por lo tanto, son inmorales. Recientemente, dijo que la autonomía es una moda, que pertenece a la era neoliberal (aunque la separación del poder político provenga de la democracia ateniense, la división de poderes se remonte al siglo 18 o la autonomía universitaria tenga 90 años). También acusó a los titulares de esos organismos de tener conflictos de interés con sus regulados.
El trasfondo de esa animadversión es político, pero sobre todo económico: el gobierno federal requiere recursos para sus propios proyectos clientelares y de alguien —de todos, incluidos los organismos autónomos— los tiene que obtener, sin la supervisión que ejercen esas instituciones autónomas.
La autonomía de los reguladores no es nueva, es deseable y no es neoliberal, pero al etiquetarla ideológicamente logra socavarla y desprestigiarla ante la sociedad. El gobierno de AMLO es un enemigo declarado de la autonomía. El primer ataque frontal fue financiero, pues la suficiencia presupuestal es una condición para que los reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sean autónomos.
Un regulador debe ser autónomo no sólo de los agentes económicos que regula, sino también del gobierno en turno (cuyos fines son políticos) y de otros poderes como el Legislativo, que pueden (y lo hacen todo el tiempo) proponer leyes regresivas.
La autonomía surge porque se reconoce el carácter técnico y especializado de las instituciones para regular los sectores económicos, reducir la discrecionalidad política en la toma de decisiones, resolver las asimetrías en los mercados y/o garantizar los derechos fundamentales.
Sin embargo, los principales ataques a la autonomía del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión no han provenido del exterior sino de la pasividad interna. López Obrador sólo ha aprovechado las innegables deficiencias de las instituciones para minar su independencia.
Desde antes de la instalación misma del IFT en 2013 su autonomía ya había sido vulnerada. Por ejemplo, sin estudio previo, la reforma constitucional resolvió el destino-secuestro de la banda de 700 MHz, cuando la regulación, supervisión y uso del espectro radioeléctrico es una atribución exclusiva del regulador especializado.
El Congreso, que ha sido hasta ahora el más notable vulnerador de la autonomía del IFT, decidió que la preponderancia sería por sector y no por servicio. Esa deplorable definición que no resiste el más mínimo rigor económico, creó un regulador perezoso que, en lugar de detonar sus facultades investigativas sobre los mercados, impone una autoridad que, paradójicamente, carece de autonomía regulatoria.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incluye varias atrocidades contra la autonomía del regulador. Sirvan dos ejemplos. El artículo 131 de la mencionada ley que decía que el operador preponderante no cobraría por el tráfico de los competidores que terminara en su red, es decir, la llamada “tarifa cero” de interconexión.
Ante la pasividad de la mayoría del Pleno del IFT, tuvo que ser el agente económico preponderante en telecomunicaciones (a través del amparo indirecto) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió la inconstitucionalidad de ese artículo 131, los que le devolvieron la autonomía y la especialización técnica al IFT en la definición de las tarifas de interconexión. Esa misma sentencia de la SCJN vulneró la autonomía del IFT, porque resolvió que los pagos de interconexión desde la entrada en vigor del artículo 131 no serían retroactivos. ¿Por qué decidió algo que no le correspondía?
El otro ejemplo es el artículo noveno transitorio de la ley secundaria, que señala que en tanto exista un agente económico preponderante, las concentraciones no requerirán la autorización del IFT. El legislador vulnerador de la autonomía del IFT le ha secuestrado atribuciones básicas al regulador, como la revisión y aprobación concentraciones.
Hasta la OCDE ha sido más valiente que el Pleno del IFT en señalar y defender las atribuciones e independencia del regulador.
Cuando ese mismo Congreso de la Unión vulneró y derogó algunos de los derechos de las audiencias que previamente había aprobado en 2014, la mayoría del Pleno del IFT —en una de sus decisiones más inopinadas— decidió no interponer una controversia constitucional. Como autoridad tutelar de esos derechos, en lugar de ampliarlos y conceder que la SCJN se pronunciara al respecto, la mayoría de los comisionados optó por darle la espalda a las audiencias.
López Obrador sólo ha venido a abofetear una autonomía del IFT previamente pisoteada por el Congreso y algunos de sus comisionados. Éstos optaron por no confrontarse, por no hacer olas, por dejar pasar, por privilegiar el cálculo político en varios momentos y por no defender su autonomía.
Pero llegó un nuevo gobierno que no cree en esas pamplinas neoliberales y que de un plumazo le arrebató casi 500 millones de pesos al presupuesto del IFT. Con la misma facilidad lo puede borrar del mapa institucional si quisiera… y sí quiere. ¿Quién va a defender a un IFT que no ha querido defenderse a sí mismo?
El Presidente, que en el discurso ataca a los agentes económicos, en realidad los favorece porque es a ellos a los que no les agrada la autonomía del regulador. El Ejecutivo Federal no está enfrentándose a los poderes empresariales sino que los está solapando. Al larvar la autonomía de los reguladores está favoreciendo el clientelismo. Al generalizar está debilitando. Al usar su dedo flamígero para señalar los desaciertos del regulador en lugar de fortalecerlo, está permitiendo que otros le propinen auténticos mazazos. La 4T no cree en, ni necesita de la autonomía de los reguladores. Pero en el caso del IFT la omisión provino de adentro. La 4T sólo espera la oportunidad para aprovecharla.
Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi
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