Recuperamos este artículo del doctor Ernesto Villanueva, publicado originalmente en Aristegui Noticias el 15 de mayo de 2018, por considerarlo una guía indispensable sobre libertad de expresión en México a partir de un caso concreto: la demanda de Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración MVS Y CMR, contra la periodista Carmen Aristegui Flores. […]

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Reporte 2017. Colaboración con autoridades de seguridad y justicia. Autoridades con más solicitudes.

Todos los usuarios de telefonía móvil de México somos sospechosos y eso implica que nuestras comunicaciones privadas pueden ser transgredidas. Las autoridades mexicanas hicieron 75,978 solicitudes a las compañías telefónicas para que ofrecieran información de sus clientes en 2017. Fueron 200 requerimientos diarios a los operadores para que colaboraran entregando datos relacionados con el uso de las líneas telefónicas o la localización geográfica en tiempo real del dispositivo conectado a la red pública de telecomunicaciones. Miles de solicitudes se realizaron sin cumplir los requisitos de ley, pero los operadores prefieren no discutir: si una autoridad lo pide, se le entrega. Incluso si la autoridad que pide está impedida constitucionalmente, o si el funcionario que lo pide no fue designado a través de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, como dicta la norma, o si la autoridad a la que representa sólo se identificó como “FG”, “TSJ”, “PGJ”, “JCA”, “JC-JO” o, simplemente, “otra”.

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Fotomultas. Foto original de Cuartoscuro.

La Suprema Corte determinó que la aplicación de fotomultas en la Ciudad de México no viola la Constitución respecto al derecho de audiencia previa (que no le quita al ciudadano su derecho a defenderse, aunque sea de forma posterior a la imposición de la sanción) y evitó pronunciarse sobre otros asuntos relacionados con la demanda inicial: 1. que la autoridad cedió a empresas privadas labores propias de su responsabilidad administrativa, 2. que esa cesión provoca incentivos negativos que privilegian la ganancia del concesionario y 3. que el sistema no cuenta con elementos para garantizar la transparencia de la tecnología empleada (auditoría de máquinas y algoritmos). Eso tocará resolverlo a un tribunal colegiado, por lo que aún queda camino para llegar a una conclusión definitiva sobre la manera como la Ciudad de México implementó la medida.

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