Equipo electrónico para captar imágenes cuando se realizan infracciones al reglamento de tránsito, en la esquina de Eje 8 y Universidad, en la Ciudad de México. Foto: José Soto Galindo

No se necesita ser genio para confirmar que la Ciudad de México cedió a empresas privadas labores propias de su responsabilidad administrativa, al asignarles la operación del sistema de fotomultas, con un margen de ganancia de casi 50% por cada multa aplicada y sin obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. La Secretaría de Seguridad de Pública entregó a Autotraffic S.A. de C.V. tareas exclusivas de la autoridad, como dicta el artículo 21 constitucional, y creó incentivos negativos en perjuicio de los ciudadanos con la operación del llamado Sistema Integral de Fotomultas. Ahora, según informó el diario Excélsior el 8 de marzo, un tribunal colegiado ha ratificado la sentencia del juez Fernando Silva García que señala que la autoridad capitalina puede apoyarse en la tecnología para la prevención y sanción de violaciones al reglamento de tránsito, pero que no puede ceder esas competencias a empresas privadas.

No se busca impedir el uso de tecnología, sino de que la autoridad asuma y ejecute directamente sus responsabilidades y evite la violación de normas, incluso constitucionales, para conseguir finalidades legítimas. El reglamento de tránsito de 2015 permitió la instalación de un sistema electrónico que captura imágenes fotográficas con equipos automatizados en los momentos en que se produce una infracción de vialidad. El sistema es capaz de detectar la invasión de carril contrario o confinado o ciclovías, el uso de distractores durante la conducción de un vehículo (uso de teléfonos móviles, por ejemplo), la circulación de un vehículo en sentido contrario, vueltas prohibidas durante la conducción de un vehículo, el irrespeto a las indicaciones de semáforos, la falta de uso de cinturón de seguridad o la presencia de menores de 10 años de edad en cualquiera de los asientos delanteros.

En su sentencia en el juicio de amparo 948/2016, el juez Silva García advirtió la “finalidad legítima” del reglamento “consistente en proteger el orden público, específicamente, en lo que se refiere a la disminución de accidentes de tránsito al establecer instrumentos tecnológicos que miden la velocidad de los vehículos los cuales pueden poner en peligro la vida de los conductores, pasajeros y peatones” y admitió que las autoridades capitalinas “están facultadas para adquirir, de empresas privadas, equipos tecnológicos para realizar sus funciones públicas, pero no que las empresas privadas puedan incorporarse dentro del sistema de seguridad pública vial y de tránsito”. Y eso ocurrió con la asignación del contrato a Autotraffic: se le confirió un poder exclusivo de la autoridad pública. Para poner en marcha su reglamento de tránsito, Miguel Ángel Mancera incorporó a un privado al sistema de seguridad pública vial.

A través del contrato público SSP/BE/S/312/2015, Autotraffic obtuvo poder sobre la vida pública y fue capaz de producir evidencia fotográfica como “prueba plena” de la infracción del conductor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, inapelable. En julio de 2016, el instituto de transparencia de la Ciudad de México (InfoDF) defendió por unanimidad de sus comisionados la confidencialidad de los sistemas informáticos de Autotraffic, propios y licenciados, por considerarlos protegidos por “derechos de autor o propiedad intelectual” (artículo 38 de la ley de transparencia). Una decisión miope y absurda del instituto, incapaz de dimensionar lo antidemocrático que significa que un privado realice tareas de observancia sin rendir cuentas sobre sus actividades. El sistema de fotomultas interpreta el código reglamentario y, como tal, debe ser abierto para su escrutinio público.

Quien controla el lenguaje controla la realidad. De ninguna manera podemos permitir que compañías privadas controlen la realidad sobre la observancia de un reglamento crucial para el control de la vida pública en la Ciudad de México. Los ciudadanos tenemos derecho a controlar los poderes que rigen la vida pública y que nos afectan directamente y eso implica la manera como se interpretan las normas.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 11 de marzo de 2018.

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