Todos los grandes operadores de telecomunicaciones han tenido el respaldo del Estado (también su animadversión) para convertirse en campeones nacionales y la Red Compartida no es la excepción.

El Estado puede ayudar de muchas maneras, aportando lo que más tiene: infraestructura, recursos, favores. A la Red Compartida de Grupo Altán la ayudó directamente concibiendo un modelo de operación disruptivo o, por lo menos, inédito; esotérico porque sólo una minoría selecta de iniciados en el gobierno y algunas empresas vislumbran el modelo de negocio secreto, oculto, incomprensible o de difícil acceso para el sentido común de los no creyentes.

También la ayudó arrendándole los 90 MHz de la banda de 700 MHz, valiosísima por su capacidad de propagación y las economías de escala que puede generar; el derecho de uso gratuito sobre un par de hilos de fibra óptica de la red troncal de Telecomm; prestándole 690 millones de dólares (13,000 millones de pesos) a 14 años a través de la banca de desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomex), equivalente a 30% de su financiamiento total para el despliegue de la red; emitiendo una disposición técnica que obliga a habilitar la banda 28 (700 MHz) en los equipos terminales móviles (smartphones, tabletas, dongles) que operen en el territorio nacional, y a no bloquearla o restringirla.

Previamente, el Estado ayudó al proyecto de la Red Compartida haciendo el “apagón analógico” y liberando el espectro en la banda de 700 MHz, proceso lleno de obstáculos pero todos allanados por el Estado.

Durante las prebases de licitación se apoyó a los aspirantes a ganar el concurso con una modificación tan perniciosa al objetivo social de la Red Compartida como comprensible desde el punto de vista de las inversiones. Las prebases de la licitación decían que por cada 1% de población cubierta en localidades mayores (más de 10,000 habitantes) debería llevarse el servicio inalámbrico a por lo menos 0.29% de la población en localidades menores a 10,000 habitantes. Ese último porcentaje “social” fue reducido a 0.15 por ciento.

El artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones señala que el Ejecutivo federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, “garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones”, la cual impulsará “el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”.

Aunque comprensible, haber reducido desde las prebases de licitación de 0.29 a 0.15% la obligación de llevar el servicio móvil a las localidades menores de 10,000 habitantes es quizá el favor más sutil concedido al consorcio que a la postre ganó la operación de la Red Compartida, un electroshock al corazón mismo del más importante proyecto social de conectividad de los últimos años.

Otros beneficios indirectos no sólo para la Red Compartida sino para la industria incluyen las obligaciones de compartición de infraestructura de América Móvil como parte de la preponderancia, incluidas las torres celulares de Telesites; los acuerdos de usuario visitante o roaming con Telcel, y la política inmobiliaria del Indaabin que incluye 10,500 inmuebles públicos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones con una contraprestación de entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales, así como los acuerdos de adhesión con diversas entidades de la república. La política inmobiliaria ha sido conducida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel), socio-verificador de la Red Compartida en la asociación público-privada creada para ese proyecto.

Hagamos una molesta comparación: la modificación al título de concesión de Telmex de 1990 le ordenaba (como parte de los programas de modernización y expansión de la red, mismos que había abandonado el Estado) crecer el número de líneas 12% anual; antes de concluir 1994 debía ofrecer servicio telefónico básico en todas las poblaciones del país con más de 5,000 habitantes, que todas las poblaciones con más de 500 habitantes tuvieran acceso al servicio al menos mediante una caseta pública, y a instalar servicio telefónico en todas las poblaciones de más de 2,500 habitantes. Todo ello con redes fijas.

El mayor proyecto social de telecomunicaciones se sigue llamando “Telmex”. Por más laxa y favorable que haya sido su modificación al título de concesión, esas siguen siendo metas más ambiciosas que las obligaciones de cobertura de 92.2 por ciento de la población que deberá alcanzar Grupo Altán en 2022, con una tecnología inalámbrica más económica y sencilla de instalar que la red fija de Telmex, por la sencilla razón de que ya existe una cobertura agregada de 95% en 3G (GSMA) y 69% en 4G (OpenSignal).

La banda de 700 MHz hubiera estado mejor utilizada de haberse licitado a los tres operadores móviles establecidos (como ha ocurrido en los países donde ya opera), con las mismas o más obligaciones de cobertura que propuso Grupo Altán, compartición de infraestructura y acuerdos de roaming. El beneficio social sería mayor, más inmediato y sin favores del Estado.

Dice el economista Jean Tirole en su más reciente libro La economía del bien común: “Cuando el Estado intenta adjudicar gratuitamente el espectro radioeléctrico a aquellos que considera más aptos para explotarlo, con frecuencia confunde lo que quería hacer con lo que puede hacer y olvida que no dispone de toda la información necesaria. La información es clave a la hora de asignar recursos. Y el mecanismo de mercado nos revela esa información. No sabemos qué empresas tienen las mejores ideas o los costes de explotación más bajos, pero las subastas de espectro nos lo muestran: las que están dispuestas a pagar más”.

¿Es negativo que el gobierno le haya prestado 690 millones de dólares a la Red Compartida? Lo que pasa es que las bases de licitación señalan que “el Desarrollador deberá asumir todos los costos y aportar todos los recursos económicos que se requieran para que diseñe, instale, despliegue, opere, mantenga y actualice la Red Compartida y comercialice servicios mayoristas”. También dicen que “el Proyecto se autorizó bajo un esquema de asociación público-privada sin la necesidad de contemplar la aportación de recursos federales presupuestarios (…), por lo que será responsabilidad del Desarrollador aportar los recursos económicos que se requieran…”.

En cuanto a la disposición técnica, es evidente que una vez operando la banda de 700 MHz, deben existir los dispositivos habilitados capaces de recibir esa frecuencia y sus servicios.

Hacia el 31 de marzo de 2018 la Red Compartida deberá cubrir 30% de la población agregada a escala nacional (incluidos 25% del total de los 111 Pueblos Mágicos y la cuota social de 0.15% en poblaciones menores de 10,000 habitantes).

La Red Compartida no la tiene fácil. Grupo Altán no pagó una contraprestación por el uso del espectro pero deberá pagar anualmente los derechos previstos en el artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos. Asume todos los riesgos derivados del proyecto y además deberá compartir cada año con el Promtel 1% de sus ingresos, un jugoso estímulo para verificar el cumplimiento del proyecto. No parece mucho, pero si se considera que la Red Compartida no será rentable en varios años, ese 1% puede convertirse en una sangría. Si el Estado quería recibir dinero y alcanzar sus objetivos de inclusión digital, le hubiera convenido licitar la banda y ponerse exigente con los operadores.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi

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