Para el teórico John Rawls la justicia debe maximizar el beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. En radiodifusión, los menos favorecidos son los medios comunitarios e indígenas: limitados recursos para operar, escasas frecuencias para comunicar, reducida potencia para cumplir con su función social. Además, se les opone una industria de la radio y la televisión que preferiría que no existieran, instituciones públicas insensibles a las condiciones particulares de los medios sociales, así como taras de las propias emisoras, organizaciones y comunidades que ven con desconfianza el papel de la autoridad frente al derecho a comunicar.

A su difícil situación se suma el injusto denuedo de algunos legisladores por condenar a las radios comunitarias que no tienen una concesión, llamándolas “piratas”, sancionando con dos a seis años de cárcel a sus trabajadores, multas de 100 a 300 unidades de medida para quienes seguramente no reciben un salario, negándoles el derecho a solicitar una concesión social por un plazo de cinco años por haber prestado servicios de radiodifusión sin autorización y decomisando sus equipos de transmisión.

Eso propone una iniciativa del diputado priista Benjamín Medrano (ex Agente del Ministerio Público de Zacatecas), ya aprobada por la mayoría de la Comisión de Radio y Televisión de San Lázaro, la misma que aprobó revertir los derechos de las audiencias.

El PRI siempre se ha opuesto a las radios comunitarias, por eso los primeros permisos se otorgaron con grandes esfuerzos durante el gobierno de Vicente Fox. A marzo de 2016 existían 14 concesiones sociales, 13 en FM y una más en AM, además de tres concesiones de TDT social en Zacatecas: una cifra irrisoria si se compara con la enorme diversidad cultural de México. Reino Unido posee 253 radios comunitarias (la mayoría de FM pero pronto en Digital Audio Broadcasting) y el regulador destina recursos adicionales para su funcionamiento a través del Fondo de Radio Comunitaria. Ed Richards, ex director Ejecutivo de Ofcom, dijo que “las radios comunitarias ayudan a prosperar y a juntar todas las comunidades del Reino Unido”.

¿Cómo es posible que Medrano, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, desconozca el artículo séptimo constitucional? Este artículo dice que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares o de frecuencias radioeléctricas (…). En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

Medrano (que preside la Comisión Especial Para el Impulso y Promoción de los Pueblos Mágicos, de pobrísimo trabajo legislativo, a pesar de que la Red Compartida deberá conectar esos destinos turísticos), en lugar de querer meter en prisión a los comunicadores comunitarios que operan sin autorización, pudo emitir un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para hacer más ágil y proactiva la asistencia técnica en materia jurídica, de ingeniería y administrativa para presentar la solicitud para obtener una concesión de uso social comunitario.

Entre 2013 y 2015 el IFT identificó 235 estaciones de radio y televisión que operan sin autorización. Es ilegal el uso del espectro radioeléctrico sin autorización, pero es igualmente inconstitucional restringir las frecuencias para ejercer el derecho a difundir información y confiscar los equipos para hacerlo. La mejor manera para reordenar el uso del espectro radioeléctrico es otorgar concesiones de uso social, partiendo del hecho de que es un acto de justicia beneficiar a quienes no tienen recursos suficientes para desplazamientos, para contratar abogados, carecen de departamentos jurídicos y experiencia administrativa.

El gremio de los medios comunitarios también debe actualizarse a las oportunidades de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la legislación secundaria y la nueva regulación, modificar sus estatutos y su razón social para recibir el 1 por ciento del presupuesto de Comunicación Social y crear áreas administrativas y jurídicas que defiendan de mejor manera los derechos de los comunicadores comunitarios. Con una visión más estratégica y solidaria de las radios comunitarias concesionadas, podrían utilizarse parte de esos recursos para desarrollar esas áreas que permitan, a su vez, tramitar más concesiones sociales, renovar las existentes y obtener más presupuesto de los entes públicos federales, estados y municipios.

Vivimos en una época que no justifica restringir el acceso al espectro para quienes lideran un proyecto de comunicación comunitaria. Brasil aspira a tener una radio comunitaria por municipio, un total de 5,570, y existe un Plan Nacional de Financiamiento para Radiodifusión Comunitaria. La segmentación de audiencias por intereses es cada vez más relevante y el contenido local adquiere mayor importancia, tanto en medios tradicionales como digitales.

Los medios comunitarios no sólo dan voz a los habitantes sino que se convierten en parte central de la localidad. El trabajo casi siempre es voluntario y ofrecen oportunidades de capacitación e información. Pueden atender comunidades enteras, grupos étnicos o áreas de interés. El Estudio Diagnóstico de la Relación de las Audiencias Indígenas con la Radio y la Televisión del IFT lo señala con claridad: “Existe una fuerte preferencia por los contenidos radiofónicos locales, debido a la cercanía e identificación que propician. Generan una alta aceptación al transmitir contenidos que promueven la cultura y tradiciones de las comunidades e identificar a los locutores como miembros de la misma comunidad. La radio local también les brinda información sobre los programas de gobierno a los que pueden acceder, apoyos de diversa índole, así como información sobre las condiciones climáticas de la región, a partir de la cual pueden tomar medidas preventivas”.

Iniciativas como las del diputado Medrano son una cicatriz en el rostro del Congreso de la Unión, que debiera ensanchar las libertades y los derechos fundamentales de la población y generar oportunidades de desarrollo local, no colmar las prisiones con comunicadores cuyo único delito es no tener los recursos, los abogados y la estrategia para obtener una concesión social comunitaria.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi

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