Es imposible deslindar a Cabify del asesinato de Mara Castilla en Puebla. Cabify —como Uber y otras empresas de transporte privado que funcionan a través de plataformas tecnológicas— promete a sus usuarios un viaje seguro en un país lastrado por la inseguridad y la violencia contra las mujeres. No pudo cumplir. Cabify defraudó la confianza de los consumidores. Quiere sacudirse la responsabilidad por los hechos que se le imputan a su “socio conductor” y su comunicación corporativa ha sido un insulto a la inteligencia. Debe enfrentar las consecuencias.

No bastan algoritmos y —en este caso— sistemas de geolocalización en tiempo real para perfeccionar el imperfecto mundo de los humanos. Ningún sistema es infalible para identificar a un futuro asesino. Ni siquiera el polígrafo puede detectar a alguien que sabe decir mentiras y que es capaz de controlar sus respuestas fisiológicas. Cabify pudo haber aplicado todos sus protocolos de selección de conductores y haber realizado los exámenes psicométricos, psicológicos y toxicológicos que le obliga la ley del transporte de Puebla, pero siempre existirán las sorpresas. “Nada es suficiente, hay muchos factores que detonan conductas no previstas en los seres humanos”, me dijo Juan Carlos Lora, consultor en gestión humana y socio fundador de la agencia colombiana Tresesenta. Los exámenes sirven para identificar patrones de conducta, comportamientos latentes, control de impulsos o nivel atencional, pero nada garantiza que el filtro será totalmente certero. Nada garantiza tampoco que una compañía estará a la altura de la circunstancia.

Alejandro Sisniega, director en México de Cabify, le dijo al HuffPost México que el conductor detenido por la violación y el asesinato de Mara Castilla no es empleado de la compañía y que Cabify “no es responsable de esta situación”. Lo dijo el jueves, antes de que la joven de 19 años apareciera sin vida, envuelta en una sábana, estrangulada. Se equivoca al negar la responsabilidad: a pesar de que los términos y condiciones obligan a los usuarios a liberar “de cualquier responsabilidad civil o penal a Cabify derivado del servicio prestado”, nos encontramos frente a delitos graves para los que ese contrato de adhesión no debería ser un escudo ante los hechos ajenos ocurridos durante la relación contractual. Puede ser que el sospechoso no sea empleado de la compañía, pero no basta con que Cabify se considere sólo un “intermediario” que conecta a una persona que ofrece un servicio de transporte con otra que lo necesita. Debe asumir su parte: Mara Castilla contrató el servicio porque creía que era seguro. Hoy ya no está con nosotros.

Tampoco hay que perder de vista la responsabilidad del Gobierno de Puebla. Las reformas a la ley del transporte de agosto de 2015 dejaron todos los controles sobre el reclutamiento de los conductores a los operadores privados: “La vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos (…) corresponde a la Empresa de Redes de Transporte”, el término utilizado en distintas legislaciones estatales para designar los servicios tipo Uber o Cabify. A la secretaría de transporte poblana apenas le toca “vigilar, supervisar y dar seguimiento a los registros proporcionados” por estas empresas. En otras palabras, el Estado cobra por otorgar los permisos y que sean los privados, el mercado o el destino los que sancionen alguna desviación. Han pasado dos años desde la aprobación de las reformas y el reglamento respectivo no ha sido modificado en sintonía. El gobernador Tony Gali ha amenazado con retirar el registro de Cabify, que tiene una vigencia de 10 años, pero la Ley del Transporte para el Estado de Puebla no contempla una salida clara y concreta.

Hay responsables por el crimen contra Mara Castilla. Y a cada uno lo que le toca: al autor material, lo que determine el código penal; al Gobierno de Puebla, la obligación de regular y asumir que su tarea va más allá de sólo otorgar permisos, y a Cabify, la reparación del daño por la conducta de su “socio” y el castigo de los consumidores.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 17 de septiembre de 2017.

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