De todas las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, la de telecomunicaciones es la única que contó con un diagnóstico previo a la reforma constitucional de 2013 y otro a cuatro años de su aprobación. Ambos fueron elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ambos son técnicos y políticos a la vez. Y ambos han planteado cuestionamientos.

En el estudio de 2012 había preocupación por la falta de competencia, ineficiencia de los mercados y costos sobre la economía y el bienestar de los consumidores; en el de 2017 el organismo es triunfalista y celebra el ingreso de nuevos competidores, reducción de precios de los servicios, crecimiento de las suscripciones de banda ancha móvil e incremento en la velocidad de Internet.

Ese es el componente político: la OCDE primero critica al sector y después aplaude los resultados obtenidos, gracias a sus recomendaciones. En ambos casos el gobierno se justifica para plantear la reforma constitucional y después se legitima ante la inminente conclusión del sexenio.

En 2012 la OCDE dijo que Telmex no debía recibir autorización para prestar servicios de televisión a menos que estuviera sujeto a regulación asimétrica y cumpliera con ella; en 2017 el organismo recomienda que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) evalúe la entrada de Telmex en el mercado de TV de paga “lo antes posible”, después de la implementación de la separación funcional.

La anterior es la recomendación más relevante. Salvo los competidores de Telmex que se oponen, es ridículo que este operador no pueda ofrecer TV de paga a sus clientes en un entorno convergente. La OCDE no tuvo más opción que recomendar el acceso de Telmex a la TV, pues se han acatado sus recomendaciones previas.

En 2012 la OCDE no emitió ninguna recomendación para estimular la competencia en el mercado de televisión y el de radiodifusión fue un sector soslayado; en 2017 reconoce que es prematuro evaluar las medidas de preponderancia en radiodifusión, pero si no aumenta la competencia debería hacerse una investigación y, como último recurso, valorar la separación funcional y estructural del preponderante en radiodifusión.

La OCDE insiste en que se eliminen las restricciones a la inversión extranjera directa en radiodifusión sin reciprocidad, lo cual permitiría que inversionistas extranjeros tengan canales de televisión o estaciones de radio en México.

Hace cinco años la OCDE pidió elaborar políticas públicas de acceso universal; este año llamó a actualizar, revisar y establecer metas específicas en la Estrategia Digital Nacional porque “algunos programas no han alcanzado sus objetivos”. El problema es que el sexenio ya está por concluir.

Para garantizar la pluralidad de medios, en 2012 la OCDE no se pronunció en materia de contenidos; en 2017 fue contundente al decir que la regulación de contenidos audiovisuales (en especial para garantizar los derechos de los niños y personas con discapacidad) corresponde al IFT.

En el primer estudio dijo que el regulador debía tener más independencia; en el nuevo documento la OCDE ratifica la autonomía y atribuciones del IFT en temas como tarifas de interconexión, contenidos audiovisuales, derechos de las audiencias, definiciones sectoriales, propiedad cruzada, investigaciones sobre poder sustancial de mercado y neutralidad de la red.

Respaldar la autonomía e independencia del regulador es la parte más destacada del nuevo estudio, porque ello permitirá que las decisiones del IFT sean lo más técnicas posibles. Incluso la OCDE llama la atención de los legisladores, pues pide eliminar el polémico artículo noveno transitorio de la ley secundaria que permite a los operadores no preponderantes efectuar concentraciones sin autorización del IFT. Una cláusula de ese tipo atropella las atribuciones del IFT de investigar, aprobar, condicionar o rechazar las fusiones y/o adquisiciones.

Pero la OCDE también pide transparencia al regulador, haciendo públicas las condiciones que impone en concentraciones y adquisiciones. Incluso recomienda reducir el número de comisionados del IFT para tener estructuras colegiadas más pequeñas y eficientes.

En 2012 la OCDE no mencionó nada respecto de los medios públicos; en 2017 formula una recomendación relevante: un marco normativo flexible para el financiamiento de la radiodifusión pública. Es un llamado al Congreso de la Unión para que legisle alternativas de financiamiento para los medios públicos, a los que se pueden sumar los medios sociales: comunitarios e indígenas.

También recomienda a los diputados eliminar el impuesto especial de 3% a las telecomunicaciones, que reduciría los precios de los servicios de voz fija y móvil y TV de paga, para quienes están preocupados por los efectos de la eliminación de la tarifa cero de interconexión o la constante alza de las tarifas de TV restringida.

El estudio de 2012 fue multicitado por columnistas, analistas y legisladores como una referencia obligada para fomentar competencia e incorporar prácticas compartidas por los países de la OCDE, que a la vez son las naciones más desarrolladas del mundo. El documento de 2017 ha tenido una fría e indiferente recepción por esos mismos voceros que la historia los exhibe porque ahí están publicados en papel y en la red sus artículos, declaraciones y documentos.

Quizá porque ahora las recomendaciones de la OCDE los señalan o involucran directamente en los temas pendientes, pretenden imponer un silencio y ceguera stalinistas, lo que me hace recordar a Oscar Wilde: “Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad”.

Jorge Bravo es analista de medios y telecomunicaciones.
Twitter: @beltmondi

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