Enrique Peña Nieto, durante una llamada telefónica con Donald Trump.

Con los datos relacionados a su línea de teléfono se puede saber mucho más de usted de lo que imagina. Se sabe, por ejemplo, a qué hora se despierta y enciende su teléfono, cuándo sale de casa y hacia dónde se dirige; si va al lugar de trabajo habitual o en otra dirección. Y se sabe que anoche usted durmió lejos del otro teléfono que habitualmente lo acompaña ―¿quizá el de su pareja?— y que lo hizo en una ubicación geográfica que ―¿coincidentemente?― es la dirección de un hotel o la casa de otra persona ―¿es usted infiel?

La información generada con el uso de nuestros teléfonos construye un “diario digital de nuestra vida cotidiana”, me explicó el abogado y activista Malte Spitz el viernes pasado. Con esos datos, “puedes ver exactamente lo que alguien está haciendo, dónde está y cómo son sus hábitos de vida, a qué hora va a dormir y si está cambiando de lugares, qué personas son cercanas a alguien y cómo está organizado un círculo de amigos”, dijo Spitz. La única posibilidad de evitarlo es apagar el teléfono, “pero eso es exactamente lo contrario a lo que se supone que es un teléfono móvil”.

No se necesita ser activista ni periodista ni político profesional para estar expuesto a la vigilancia de nuestras comunicaciones. Tampoco se necesita infectar los teléfonos con software malicioso para conocer información personal de sus usuarios. En México basta con contratar una línea telefónica para estar en la categoría de posible sospechoso. Lo permitió la reforma de telecomunicaciones y, en un par de ocasiones, la Suprema Corte ratificó su constitucionalidad y delineó sus alcances: si la autoridad quiere conocer datos relacionados con las líneas telefónicas, necesita una orden judicial federal; si necesita conocer la ubicación en tiempo real del aparato de comunicación, basta con hacer la solicitud al proveedor del servicio.

Los límites impuestos por la Corte, que precisan los de la regulación secundaria, refieren que la ubicación en tiempo real se puede solicitar sólo “cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de una persona”; para los datos, que las operadoras deben resguardar durante 24 meses, hay que convencer al juez de la pertinencia de su acceso. El ciudadano en ningún caso tiene el derecho a ser informado.

Inferencias sobre la vida privada que permite la vigilancia de comunicaciones.

Cada día del 2016 se realizaron en promedio 217 solicitudes a los operadores para conocer información de las líneas telefónicas de sus clientes; 1 de cada 4 de esas solicitudes las realizaron autoridades no identificadas. Telcel entregó información en 100% de los casos, de acuerdo con una investigación de El Economista. ¿Se contaba con órdenes judiciales? ¿Para qué se usó la información? ¿Quiénes fueron los ciudadanos vigilados? Imposible saberlo. Y lo peor: sólo 9 de cada 100 averiguaciones previas en las que se integró información de vigilancia de comunicaciones obtenida entre el 2013 y el 2015 concluyeron en el ejercicio de acción penal, dice el estudio El Estado de la vigilancia. Fuera de control, de la organización R3D.

A la vigilancia telefónica hay que sumar las solicitudes de información a los proveedores de servicios en internet como Facebook (que incluye Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram), Google y Twitter. En el 2016, estas solicitudes en México registraron un avance de casi 20% respecto al 2015; Facebook entregó información en 7 de cada 10 casos, según un análisis de El Economista de mayo pasado.

Si tuviéramos que asumir, como dijo Barack Obama, que no se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad al mismo tiempo, se esperaría que la aplicación de estas medidas de vigilancia en México evidenciaran una repercusión clara en la disminución de los índices delictivos o en una procuración de justicia efectiva. Pero nada de eso ocurre. Y en cambio tenemos a Enrique Peña Nieto y la sugerencia presidencial de ser “cuidadosos en lo que hablamos telefónicamente”.

Este artículo originalmente se publicó en El Economista el 25 de junio de 2017.

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