Desempeño de las acciones de OHL México en la BMV. Fuente: Google Finance.

Las corporaciones en México gozan de un aura de opacidad pocas veces mancillada. Pueden hacer y deshacer con el fin de generar beneficios privados sin rendir cuentas más que a sus accionistas, a pesar de que sus operaciones pueden repercutir en la vida de personas, el medio ambiente, la movilidad urbana y el uso de la infraestructura pública. Incluso pueden ser protagonistas de hechos de corrupción, sin que por ello estén obligadas a presentar como mínimo un reporte público de transparencia sobre los contratos que mantienen con gobiernos. El soborno es una causa habitual para negocios en México en 82% de los casos, de acuerdo con la consultora EY. En algunas situaciones se habla de hasta 30% de pagos en sobornos sobre el total de la obra contratada. Se tiene fe en que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas reduzca estas prácticas. Ya veremos.

Y escribo que pocas veces las corporaciones se someten a la rendición de cuentas pública porque, esporádicamente, se conoce de alguna investigación de los reguladores que les obliga a un mínimo de transparencia coyuntural. Rara vez rinden cuentas a los ciudadanos, más allá de las obligaciones que les impone el recaudador, y que por lo general siguen criterios de secrecía, o, en el caso de las empresas bursatilizadas, de las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. Lo que Kant escribió en 1795 sobre la transparencia de los gobiernos bien aplica para las grandes corporaciones del siglo XXI: “Todas las acciones relacionadas con el derecho de otros hombres cuya máxima no pueda ser pública son injustas”. Y aunque la cita refiere al ejercicio del poder público, pensada durante la gestación de los Estados modernos, la globalización económica ha permitido a las corporaciones volverse entidades que en muchos casos cuentan con mayor poder que el Estado para definir los destinos de las personas.

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Por eso es relevante la salida de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores, que se inició el jueves pasado. El consenso de los analistas citados por la prensa lo deja claro: la constructora de origen español, señalada de obtener contratos beneficiosos para la construcción y operación de carreteras y, según una investigación de la organización Ahora, también de financiar campañas electorales del PRI, quiere restarle exposición mediática a sus negocios y disminuir el escrutinio público. Abandonar la Bolsa le restará obligaciones de transparencia y podrá evitar disposiciones de gobierno corporativo aplicables a las sociedades anónimas bursátiles.

Sin acciones cotizadas, serán imposibles titulares del tipo “OHL se dispara en la Bolsa mexicana tras la victoria del PRI en el Estado de México” (cerraron la ronda del 5 de junio con un aumento de 5.59% y, desde el aviso de su salida de la Bolsa, han ganado casi 15%, para colocarse el viernes en 26.22 pesos). OHL México también evitará sanciones como la que en marzo del 2016 le impuso el regulador financiero por 71.9 millones de pesos por maniobras contables que le permitían informar a los inversionistas muchos más ingresos de los realmente obtenidos en los periodos de reporte. La compañía tiene un valor de capitalización cercano a los 50,000 millones de pesos. Entre el 2008 y el 2015, se le permitió encarecer 250% el costo del peaje del Viaducto Bicentenario, siete veces más que la inflación de ese periodo, documentó Luis Miguel González en El Economista.

Así que su salida de la Bolsa es una excelente noticia… para los dueños de la compañía, pues podrán concentrarse en lo que bien saben hacer, cabildear en las más altas esferas del poder político y legislativo, sin esa monserga que significa la mirada de los otros.

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