Juicio en línea: una demanda cuesta al Estado 197,251 pesos

Se cumplen 15 meses de la puesta en operación de los juicios en línea a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México. Del 7 de agosto del 2011, cuando entró en vigor la nueva forma de aplicación de justicia, al 21 de noviembre del 2012, último reporte del Tribunal, se han recibido 1,237 demandas por esta vía. Considerando sólo los gastos de asesoría, desarrollo y hospedaje del sistema, que alcanzaron 245 millones de pesos, la recepción de cada demanda ha costado al gobierno federal 197,251 pesos.

Pero, ¿eso es mucho o es poco? ¿Cómo determinar si 197,251 pesos por cada demanda es un precio adecuado?

La implantación del juicio en línea es una innovación excepcional en el sistema jurídico mexicano, que facilita los trámites y la consulta de expedientes, y otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar demandas desde cualquier lugar del mundo, sin la obligación de acudir personalmente a alguna sala del Tribunal. Ahorra papel y permite un control integral de los casos para su organización y disponibilidad permanente a través de internet.

El costo de 197,251 pesos por demanda no considera los beneficios de la impartición de justicia en línea, como eficiencia y rapidez. La primera sentencia de la Sala Especializada de Juicio en Línea se dictó el 20 de octubre del 2011, a una demanda presentada el 5 de septiembre. El caso estuvo abierto 45 días naturales, 31 días hábiles, en un proceso que por la vía tradicional habría tardado varios meses, si no es que años.

Según el Tribunal, las 1,237 demandas recibidas por el Sistema de Justicia en Línea involucran 16,144 millones de pesos y entre las principales autoridades demandadas se encuentran el SAT (con 375 casos), IMSS (206), Profeco (143), Infonavit (130) y el ISSSTE (82).

El proyecto arrancó en 2008, y la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del 2009 adicionó el Capítulo X, que dicta las bases y el procedimiento del juicio en línea en México. En el 2010, el Tribunal desarrolló la plataforma y adjudicó dos contratos primordiales para la operación del servicio jurídico:

El despacho contable Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y la consultora Datavisión Digital, S.A. de C.V ganaron un contrato por 238 millones de pesos para desarrollar la plataforma de juicio en línea y el Centro de Datos Triara, de Telmex, consiguió el contrato para hospedar el sitio y las bases de datos en su planta de Querétaro. El contrato con Telmex fue por 6.5 millones de pesos por tres años de servicio

Entones, ¿197,251 pesos por la recepción de cada demanda en línea son muchos o pocos en la implantación del modelo digital para la justicia fiscal y administrativa?

Pareciera que sí: hablamos de 82 demandas al mes, cuando hay salas que reciben 580 demandas mensuales por la vía tradicional (es el caso de Tijuana, que anualmente contabiliza más de 7,000 quejas). Una diferencia de 700 por ciento.

Del otro lado, hay que considerar que se trata de una vía innovadora, parte de la revolución digital, y en un sector bastante tradicional como es el mundo jurídico. Requiere capacitación de los impartidores de justicia y de los demandantes.

La recepción de cada demanda está resultando cara por el momento. Habrá que tener en cuenta que estamos en los inicios de la implantación del nuevo modelo y que su adopción masiva, como todas las innovaciones tecnológicas, resulta onerosa en una primera etapa.

Este artículo se publicó originalmente en El Economista el 23 de noviembre de 2012.

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